Argentina intenta evitar la suspensión de pagos con una nueva renegociación de deuda

El Gobierno argentino se disponía anoche a anunciar su propuesta de 'canje voluntario' de bonos de la deuda pública, por más de 140.000 millones de dólares (casi 26 billones de pesetas), para evitar la suspensión de pagos, rebajar la tasa de interés, ampliar los plazos y reducir el peso de los 12.000 millones de dólares anuales que paga en intereses. La oferta, que según el ministro de Economía, Domingo Cavallo, 'beneficiará a los tenedores de bonos', compromete parte de la recaudación de impuestos, entre ellos la tasa que se aplica a las transacciones financieras.

La reestructuración 'no forzada', y que tiene que ser negociada con las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones y los bancos que tienen la mayor parte de los papeles de la deuda argentina, será acompañada por un nuevo paquete de medidas, el sexto en los dos años que lleva la Alianza de partidos en el poder, con el que se intentará sacar a la economía del pozo en el que ha caído desde que se inició la recesión hace cuatro años.

Los eslabones de la cadena de acuerdos se fueron anudando a presión. La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encuentra en Argentina desde comienzos de esta semana, dijo que sólo apoyaría con recursos complementarios la reestructuración de la deuda pública si el Gobierno lograba a su vez un nuevo acuerdo con las administraciones provinciales para rebajar el envío de fondos de la coparticipación federal de impuestos y cumplir con la ley que impone el déficit fiscal cero. El secretario del Tesoro de EE UU, Paul O'Neill, echó un jarro de agua fría sobre las pretenciones de Buenos Aires al declarar al diario The Wall Street Journal que no creía necesario que el FMI aportara fondos adicionales a Argentina para reducir su deuda externa.

Mientras, los gobernadores argentinos pretendían a su vez que les devolvieran impuestos recaudados por la Administración central, reconociera deudas, se hiciera cargo de los pasivos emitiendo nuevas letras o bonos y compensara de alguna forma a los Gobiernos que alcanzaron el déficit cero y no debían recurrir a esos fondos fiducidarios.

El insalvable conflicto político de fondo que mantienen los gobernadores con el irascible ministro de Economía, Domingo Cavallo, estalló la pasada semana y las partes se fueron dando un portazo. Cavallo pretendía rebajar un 13% la remesa mensual de fondos a las provincias y consideraba 'imposible' acceder a las reclamaciones 'porque el país ya no tiene crédito y los ingresos se reducen mes a mes'.

Pactos fiscales

Los líderes provinciales le recordaron que habían firmado ya cuatro pactos fiscales en los últimos dos años y no estaban dispuestos a aceptar nuevas rebajas del mínimo al que el Gobierno Federal se había comprometido a transferir por coparticipación fiscal.

La disputa puso al país nuevamente al borde del abismo. Entre el pasado viernes y el lunes, cuando parecía que las negociaciones estaban rotas, las acciones más importantes se derrumbaron más del 8% y el índice que indica a los inversores los riesgos que se corren en el país superó la barrera de los 2.100 puntos básicos. Entre el martes y ayer, algunas acciones reputaron un 10%. La Bolsa de Buenos Aires lograba ayer un ligero avance del 1,32% al filo del cierre. Los bonos de la deuda pública también incrementaron su cotización y el índice de riesgo se mantuvo por debajo de la barrera de los 2.000 puntos.

El jefe del Gabinete de Ministros, Chrystian Colombo, reconstruyó el diálogo, intercambió pareceres y, finalmente, elaboró una propuesta común. En tono dramático, Colombo dijo que 'no es tiempo de mezquindades o especulaciones electorales o partidarias porque el país enfrenta el todo o nada'.

El presidente Fernando de la Rúa se reunió ayer a mediodía con los gobernadores peronistas (oposición) de las tres provincias más importantes del país, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que se disputan entre sí la candidatura presidencial, y consideró junto con ellos el documento donde se reconocen las deudas que el Gobierno Federal tiene con las administraciones de provincia por coparticipación de impuestos, las formas y los plazos de pago.

En las sucesivas reuniones que mantuvo con los líderes de la oposición, los gobernadores de las provincias que aún controla la Alianza, basada ahora en la Unión Cívica Radical (UCR), los dirigentes de las centrales sindicales y organizaciones de empresarios, De la Rúa reclamó a todos 'la unidad nacional para un proyecto nacional'.