El SOC anuncia ocupaciones para exigir la cesión de antiguas fincas de Rumasa

El proceso de subasta que inició este verano la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales para adjudicar al mejor postor diez de las fincas expropiadas al empresario jerezano José María Ruiz Mateos se resolverá a finales de noviembre. Una privatización que es rechazada de plano por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que anunció ayer ocupaciones en antiguas explotaciones de Rumasa para forzar la paralización de la subasta y reclamar la cesión de las fincas a cooperativas agrarias.

La consultora Proassets lleva más de cuatro meses ejecutando un complejo proceso de subasta que, previsiblemente, culminará este mes con la adjudicación de las fincas a las mejores ofertas. Las diez explotaciones privatizadas (nueve en territorio andaluz) suman 3.642 hectáreas y en ellas se han interesado más de un millar de empresas, entidades y particulares. El precio conjunto de salida es de 6.872 millones de pesetas (que irán a las arcas del Gobierno central), aunque la consultora prevé que el precio final superará en un 20% los valores de salida.

'Estas fincas están en comarcas de Sevilla, Jerez y Córdoba en las que hay mucho paro agrario', afirmó ayer en conferencia de prensa el secretario regional del SOC, Diego Cañamero, quien exigió que el Gobierno central pare el proceso de subasta y negocie con la Junta de Andalucía el traspaso de las fincas al patrimonio autonómico para luego cederlas a cooperativas agrarias. 'Si no atienden nuestras peticiones, iniciaremos una fuerte campaña de ocupaciones y expropiaciones sociales de cosechas', advirtió Cañamero.

Propuesta parlamentaria

El dirigente del SOC recordó que el Parlamento andaluz 'en dos ocasiones' ha instado al Ejecutivo regional a reclamar la cesión de estas fincas al patrimonio autonómico. 'Hemos solicitado una reunión con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, para tratar este asunto', aseguró Cañamero.

Con estas movilizaciones, además de intentar frenar el proceso de subasta en su tramo final, el SOC busca impedir que se inicie un proceso de privatización similar para las otras seis antiguas fincas de Rumasa que aún están en manos públicas, incluida La Romana (Sevilla), una explotación en la que los jornaleros han hecho varias ocupaciones simbólicas. Con este tipo de actuaciones, el SOC ya consiguió en 1993 la cesión a una cooperativa agraria de El Indiano (300 hectáreas en Puerto Serrano), otra antigua finca de Rumasa.

Cañamero aprovechó la conferencia de prensa para denunciar el 'incumplimiento del convenio del campo' en unas 150 explotaciones agrarias visitadas en Sevilla por delegados del SOC. El sindicato anunció que seguirá promoviendo paros parciales a pie de finca para conseguir de los empresarios algunos de los compromisos recogidos en el convenio, como el abono de gastos por desplazamiento o la prohibición de imponer cantidades mínimas de cajas a recoger.