La Generalitat, la que menos invierte

La inversión prevista para Cataluña en los presupuestos del Estado para 2002 es de 342.458 millones de pesetas (2.063 millones de euros), incluidos el Gobierno central y todos los organismos y las empresas públicas. Estas inversiones, que se presentan como un gran logro por los nacionalistas catalanes, sólo representan el 14,5% del total del Estado, según el proyecto de presupuestos. Es un porcentaje inferior al peso de la economía catalana (19%) y de su población (15,5%) en España. En 2002, el Estado invertirá en Cataluña 329 euros por habitante, bastante menos de la media española, situada en 351 euros. Madrid es la comunidad más privilegiada en términos absolutos, con 2.898 millones de euros, y también en términos relativos (556 euros por habitante).

Una buena parte de las previsiones de inversión del Estado en Cataluña en el año próximo corresponderán al tren de alta velocidad (AVE), lo que sin duda supone un ejercicio atípico y coyuntural, cuyas cifras podrían dar una imagen distorsionada de la trayectoria de la inversión real decidida por el Gobierno central en Cataluña.

De todas formas, la inversión directa del Estado en Cataluña en 2002 se reduce al 5,27% del total, lo que induce a pensar que los recursos destinados al AVE se detraen de las inversiones públicas ordinarias. Así, las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento en Cataluña para 2002 (básicamente carreteras y ferrocarriles) son inferiores en el 30,8% a las de 2000, según ha señalado un reciente estudio del PSC.

- Baja inversión por habitante. La inversión presupuestada por el Gobierno central en Cataluña ha sido siempre inferior al 11% del total excepto en 1995, cuando esporádicamente se elevó al 13,4%, según un trabajo realizado por Laura Arlegui y Rosa Puig, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat. Si se incluye la inversión de las empresas públicas y de la Seguridad Social, la inversión total aumenta sensiblemente durante los dos últimos años. Sin embargo, en sus conclusiones los autores destacan que, a pesar del mayor peso de las inversiones en 1999 (12,8%) y 2000 (14,2%), 'son todavía inferiores al porcentaje que representa la población catalana en el conjunto del Estado y al del producto interior bruto (PIB) de Cataluña en relación con el de España'.

Si se compara la inversión del Ministerio de Fomento en relación con los habitantes de cada comunidad, es decir, las pesetas invertidas por habitante, Cataluña ha estado siempre por debajo de la media española durante la última década, excepto en 1997, según datos del propio Ministerio de Fomento. Fueron especialmente negativos los ejercicios de 1994 y 1995, en los que Cataluña fue la comunidad autónoma que recibió menos pesetas por habitante de toda España.

- El pobre papel de la Generalitat. En el análisis de la evolución de la inversión pública sorprende el escaso volumen de la inversión realizada por el Gobierno de Pujol. En los presupuestos de 2000 y 2001, los últimos datos disponibles de todas las comunidades autónomas, Cataluña aparece como la comunidad que dedicó una menor parte de su presupuesto a inversiones públicas. El año pasado, la Generalitat y sus organismos autónomos previeron invertir 186.935 millones de pesetas, lo que representa un escaso 8,3% de los recursos que administra. Se trata de un porcentaje muy inferior al de las demás autonomías de competencias similares (las que gestionan la sanidad y la educación), como Andalucía, que invierte el 15,6% de sus recursos; Canarias, el 19,6%; Galicia, el 21,7%, y la Comunidad Valenciana, el 17,3%. El conjunto de los gobiernos autónomos tienen previsto invertir este año un total de 2,6 billones de pesetas, un pastel en el que la participación de Cataluña es sólo del 7%.

Desde el punto de vista de la inversión pública, la descentralización del gasto público que se inició con la democracia ha sido aprovechada con mucha mayor diligencia por cualquiera de las demás autonomías que por Cataluña.

- Igual que Valencia. La situación no varía sustancialmente si se comparan los presupuestos consolidados de las autonomías, es decir, los que incluyen también las inversiones de las empresas públicas, que pueden endeudarse por su cuenta y que, por tanto, merecen una consideración distinta. En este supuesto, la inversión total prevista por la Generalitat catalana para 2001 se eleva a 298.803 millones de pesetas, lo que representa un 11,8% de su presupuesto consolidado, muy inferior también al del resto de las comunidades con competencias similares que destinan a inversiones en torno al 20% de sus recursos. En cifras absolutas se trata de un volumen inferior al de Andalucía (444.595 millones de pesetas) y casi igual al de Valencia, (288.873 millones), una autonomía con población y producción notablemente menores.

- Pujol y Fraga. Si se compara la inversión pública de los gobiernos autónomos con la capacidad productiva de cada comunidad, el resultado es todavía más desfavorable para la economía catalana. Las inversiones públicas del Gobierno de Jordi Pujol equivalen al 1,4% del producto interior bruto (PIB) de su comunidad. Resulta una dedicación muy inferior a la que efectúa el Gobierno de Manuel Fraga en Galicia, que canaliza hacia obras públicas el 4,2% de su PIB.

Las inversiones del Gobierno de Canarias (3,3% del PIB), Andalucía (3,1%) y Madrid (2,5%) son claramente superiores a las de Cataluña. La Generalitat debería invertir unos 300.000 millones de pesetas anuales más, el doble de su inversión prevista en 2001, para equipararse a las otras cuatro autonomías (Andalucía, Valencia, Canarias y Galicia) con el mismo nivel de competencias.

- La pesada carga financiera. El escaso peso de la inversión pública de la Generalitat se ha agravado en los últimos años, tal como refleja la ejecución del presupuesto de gastos entre los años 1988 y 1999. En cifras absolutas, la inversión máxima se realizó en 1993 con un total de 226.556 millones de pesetas, lo que representó el 15% del presupuesto de aquel ejercicio. A pesar de que el volumen total de recursos administrados ha ido creciendo sucesivamente desde aquel año, esta cuantía de inversiones públicas no ha vuelto a alcanzarse hasta los años 1998 y 1999. Es decir, en el mejor de los casos, las inversiones públicas del Gobierno de la Generalitat permanecen congeladas en cifras absolutas desde hace ocho años. En términos relativos, apenas superan el 10% del presupuesto en los últimos años.

Una explicación posible de esta congelación de la inversión pública por parte del Gobierno catalán podría estar relacionada con la necesidad de dedicar recursos a sufragar la pesada carga financiera que soporta el Gobierno catalán, según viene reflejando la Sindicatura de Cuentas -el organismo público que audita las cuentas de la Generalitat-, aunque sea con varios años de retraso. Según la última previsión, realizada con datos de 1998, los pagos de capital e intereses de la deuda de la Generalitat superan los 180.000 millones de pesetas anuales en 2001 y 2002.

- La inversión desde 1955 Las estimaciones de la Sindicatura de Cuentas han ido evolucionando al alza durante los últimos años. Por ejemplo, hace cuatro años, con datos de 1995 se calculaba que el servicio de la deuda (capital más intereses) para 2002 sería inferior a 100.000 millones de pesetas. La cifra se fue corrigiendo al alza en los tres informes posteriores hasta superar los 180.000 millones de la última previsión. Como se puede observar, se trata de cifras considerables -a pesar de haber gozado de la imprevista bajada de tipos de interés-, que sin duda están significando un freno importante para la inversión.La evolución de la inversión pública total (Estado, autonomías y gobiernos locales) en Cataluña durante los últimos 45 años ha sido investigada por Joaquim Clusa y Marga Macian apoyándose fundamentalmente en dos fuentes: Los estudios de la Fundación BBV (1955-1996) y los trabajos realizados por los profesores Núria Bosch y Marta Espasa (1991-2000).

Las dos investigaciones, aunque utilizan fuentes y datos distintos, coinciden en que en ambos periodos la inversión pública en Cataluña ha sido siempre inferior en el 1,1% del PIB al del conjunto del Estado. De acuerdo con el primer estudio, las inversiones públicas en Cataluña fueron inferiores en 190.000 millones de pesetas anuales en pesetas de 2000 durante 40 años, entre 1955 y 1996.

- Déficit inversor de 8,5 billones. Por su parte, Bosch y Espasa cifran en 180.000 millones de pesetas anuales la menor inversión pública que el conjunto de administraciones públicas han realizado en Cataluña respecto del conjunto del Estado durante los últimos 10 años. El déficit acumulado de inversiones durante estos últimos 45 años (1955-2000) asciende a unos 8,5 billones de pesetas según los citados estudios.

La situación no se ha corregido en los últimos años. En el periodo 1982-1996, con gobiernos socialistas, la diferencia media entre la inversión en el conjunto del Estado y Cataluña fue del 1,4% del PIB. En 1998, la diferencia aumentó al 1,5%, aunque en 2000 descendió hasta 0,8 puntos.

- Dificultades de desarrollo. Entre 1964-1991, Madrid, Cataluña y Baleares fueron las comunidades que recibieron menos inversiones públicas en relación con el PIB. Este ratio que mide la relación existente entre las dotaciones de capital público y el tamaño del aparato productivo refleja las dificultades que han tenido estas comunidades para impulsar su desarrollo, según el informe de la Fundación BBV, Capitalización y Crecimiento de España y sus regiones 1955-1995.

Uno de los aspectos más inquietantes para Cataluña es su escasa dotación de capital público social, que es el que cuantifica las infraestructuras de sanidad y educación. Cataluña es la comunidad peor tratada de España, con 41.690 pesetas por persona frente a una media de 52.170 para el conjunto de España.

En relación con el capital público productivo formado por las carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, puertos y aeropuertos, Cataluña tiene una posición superior a la media si se toma como referencia la inversión por kilómetro cuadrado. Cataluña se sitúa en 29 millones por kilómetro cuadrado frente a una media de 13,81 millones. Ello se debe al peso que tienen las autopistas, que se contabilizan como inversión pública a pesar de financiarse con peajes.

También es significativo que el peso de la inversión pública en Cataluña en relación con España era más equilibrado en 1975, ya que significaba el 92% frente al 86% en 2000, según los trabajos de Pere Lleonart y Àlvar Garola. Los mismos autores señalan las deficientes infraestructuras de Cataluña para competir con Europa.