Los precios del gasóleo

Desde que se liberalizaron totalmente los precios de los combustibles derivados del petróleo, los consumidores han acumulado fuertes sospechas, respaldadas en ocasiones por decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia, de poca transparencia en los mercados y de connivencia en la fijación de precios. El último movimiento extraño se ha producido con el gasóleo, cuyo precio han mantenido intocado las compañías petroleras desde mayo, a pesar de que el coste del petróleo ha descendido notablemente. Sólo entre el 26 de septiembre y el 24 de octubre el precio del crudo cayó dos dólares, mientras que el del gasóleo ha bajado dos pesetas, y eso en la última semana. En el mismo periodo, los precios de las gasolinas han descendido en varias ocasiones, hasta el punto de que Fomento pidió públicamente a las petroleras que repercutieran en el gasóleo el descenso del precio del crudo.

Si existe competencia y las empresas son libres de marcar el precio que deseen, Fomento debería investigar (junto con el Tribunal de la Competencia) si existe o no colusión entre las petroleras. La versión oficial de las compañías es que el precio del gasóleo viene determinado no por el del crudo, sino por la cotización del gasóleo en los mercados internacionales; y puede darse el caso de que el petróleo baje, pero no el gasóleo, sobre todo si aumentan las previsiones de demanda para calefacción y el parque automovilístico movido por gasóleo se acrecienta sin cesar.

No obstante, hay que insistir en que la competencia en la distribución de los combustibles es muy imperfecta en España, que la liberalización real no se ha producido y que se dan condiciones para que las dos grandes empresas -Repsol y Cepsa- actúen como operadores dominantes en la distribución de gasolinas, gasóleos y butano.

Es una lástima que el Tribunal de Defensa de la Competencia carezca de autonomía y recursos para investigar a fondo periodos de precios como el que ha transcurrido entre septiembre y octubre, en el caso del gasóleo, y determinar de forma incontestable si se han producido o no acuerdos entre empresas contrarios a la competencia o se han mantenido los precios de forma abusiva.