Silencio sobre el Presupuesto

Entre las actuaciones poco liberales del Gobierno, la más preocupante es la de ocultar la información económica. Ocultar la información es grave porque impide la crítica. Como nadie puede hablar de lo que no conoce, el político no liberal no tiene ni siquiera que defenderse de las críticas, porque éstas no pueden plantearse. Los ejemplos de ocultación de información económica de los últimos años pueden verse por doquier. Si alguien quiere saber cómo van las cuentas de la Seguridad Social y consulta la página de Internet, no encontrará nada respecto a la ejecución de su presupuesto, que, por cierto, no es pequeño. Lo mismo le sucederá si quiere conocer las cuentas de las empresas públicas. En la web del grupo público encontrará discursos maravillosos sobre la política de privatización de empresas que ganan dinero, pero sobre las numerosas empresas públicas cuyas pérdidas seguimos pagando todos no encontrará ni una sola cifra.

La mejor prueba de lo eficaz que resulta la política de no dar información económica es la no-discusión del Presupuesto de este año. Mientras en todos los países democráticos se están debatiendo minuciosamente las medidas propuestas por los gobiernos para hacer frente a la crisis, en España no es posible. El ciudadano español se despertó, primero, con la noticia de que ya no verá el superávit que se le había prometido hace unos meses y, en pocas semanas, se nos ha llevado de un presupuesto con un supuesto déficit cero a un presupuesto anticíclico que el vicepresidente y el ministro nos han revelado la semana pasada en entrevistas periodísticas sin, por supuesto, dar ninguna cifra. El que quiera conocer las cifras reales tiene que leer al profesor Barea, quien, después de un recuento concienzudo de todo lo que el Gobierno ha ocultado, concluye que el déficit para el año que viene es del 2% sobre el PIB.

Este Gobierno entrará en el Libro Guinness de los récords por haber sido el primero del mundo en presentar un Presupuesto en el que no dice cuál es el porcentaje de incremento de los gastos ni el crecimiento de los ingresos. Pero, desde el punto de vista de la ocultación, lo más grave no son los aspectos macroeconómicos, sino el escondite del destino de los gastos y la evaluación de los cambios en los impuestos. Y es que, de la misma forma que Gescartera tenía una cuenta B de la que no se enteraba Hacienda, el Gobierno tiene una cuenta B de gastos, que no incluye dentro del Presupuesto y que oculta al control de la opinión pública. El Gobierno gasta cantidades ingentes de dinero público a través de los GIF, SEPI, sociedades estatales diversas y acuerdos con empresas privadas para retrasar la asunción de deuda, que no aparecen en el Presupuesto. Con los impuestos sucede lo mismo. El Gobierno no le ha dicho a los ciudadanos españoles lo que costará la reducción de impuestos sobre las plusvalías que ha concedido a los oligopolios privados en la Ley de Acompañamiento. Probablemente sea la misma cantidad que pagarán los españoles como consecuencia del aumento del IRPF que se produce automáticamente al no deflactar la tarifa. Pero no se puede estar seguro, porque el Gobierno tampoco ha publicado esta cifra. No se puede criticar -ni aplaudir- porque todo se oculta.

El Estado liberal, en lo económico se fundamenta en dos pilares: la competencia en el ámbito de lo privado y la transparencia en el ámbito de lo público. La competencia en el mercado es esencial porque el ciudadano puede mejorar la calidad y rebajar los precios de la producción privada. Por eso el montaje de monopolios y oligopolios privados de los últimos años es un paso atrás. Pero como los ingresos y los gastos públicos no pueden decidirse por la competencia en el mercado, el Estado liberal tampoco funciona cuando el Gobierno no los presenta de forma transparente. Sólo los cínicos pueden subrayar la eficacia de esta política de ocultación pues, es verdad, ha conseguido que nadie pueda hablar del Presupuesto. Todos callados. Silencio, se gobierna.