Grupos proeutanasia de todo el mundo piden que España regule el suicidio asistido

La Federación Mundial de Asociaciones Pro Derecho a Morir Dignamente, con 700.000 afiliados en 30 países, se presentó ayer en España para defender el suicidio asistido. Los socios españoles de la federación consideran que tras la regulación del testamento vital (un documento de últimas voluntades) por varios parlamentos autonómicos ha llegado el momento de ampliar el campo de debate hasta lograr una lectura flexible del Código Penal que abra las puertas a esta modalidad de eutanasia. Con este fin iniciarán una campaña dirigida a vencer las resistencias de los médicos.

El testamento vital es el documento donde los pacientes pueden dejar constancia anticipada de qué actuaciones médicas no quieren ser objeto en caso de sufrir una enfermedad terminal. Los parlamentos de Galicia, Extremadura y Cataluña han aprobado en los últimos meses leyes que regulan este tipo de documentos. Y el Congreso, a petición del Senado, está tramitando una proposición de ley.

Con estas actuaciones como telón de fondo se presentó en Barcelona la Federación Mundial de Asociaciones Pro Derecho a Morir Dignamente. El presidente de la entidad, el californiano Richard MacDonald, considera que España es el país del sur de Europa más propicio a despenalizar la eutanasia, una medida que defiende el 68% de la población, según las últimas encuestas. 'Para empezar se debería regular el suicidio asistido, que garantiza que el paciente sin posibilidad de curación pueda determinar el momento de su muerte antes de perder la conciencia y sin que el médico tenga que administrarle directamente ninguna sustancia para morir. Es el paciente quien decide, el médico sólo le pone los medios necesarios, como los fármacos'.

En España, esta medida choca con dos grandes obstáculos. El primero es el artículo 143 del Código Penal, que impone de dos a cinco años de prisión 'a quien coopere con actos necesarios al suicidio de una persona'. El otro freno lo pone la clase médica, en general reacia a la eutanasia y más partidaria de los cuidados paliativos para evitar el dolor previo a la muerte. Es por ello que las asociaciones reunidas ayer en Barcelona se disponen a lanzar una campaña de presión para convencer a la clase médica para que hagan una lectura abierta del Código Penal. La Asociación pro Derecho a Morir Dignamente (DMD) considera que el suicidio asistido no vulneraría el artículo 143 del Código Penal, ya que 'el médico no interviene directamente en la muerte del paciente'.

Salvador Pániker, presidente de DMD, cree que hay que que concienciar a los médicos de que 'la alternativa no es matar o no matar, sino tener una muerte larga y angustiosa o una muerte rápida y tranquila'.

Richard MacDonald va más lejos y defiende que las facultades de medicina profundicen sobre los aspectos que rodean la muerte. 'Si los médicos pueden ayudar a vivir, también tendrían que saber ayudar a morir y actualmente no están preparados para ello'.

A pesar de los recelos de la clase médica, una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios revela que el 15% de los médicos españoles reconocen haber facilitado el suicidio asistido o la eutanasia activa a pacientes suyos. 'Regular el suicidio asistido permitiría poner reglas a una práctica que ya se está realizando', MacDonald quien reconoce que ha ayudado a morir a varios de sus pacientes cuando éstos se lo han solicitado. Uno de los métodos más conocidos entre los médicos que realizan estas prácticas es la receta de fármacos que, a determinadas dosis, pueden resultar letales. 'Es el paciente y no el médico quien decide cómo se toma el medicamento', afirma MacDonald.