Parches fiscales

El conjunto de medidas económicas y fiscales aprobadas la semana pasada por el Gobierno plantea varias incógnitas, alguna de procedimiento. Una de ellas es que este paquete debería haberse abordado y explicado cuando se hizo la presentación de los Presupuestos; si no se ha hecho así, es inevitable suponer que se ha articulado como una respuesta política apresurada a las críticas de continuismo y de falta de reflejos ante el agravamiento de la crisis tras los sucesos del 11 de septiembre.

Las objeciones más importantes se refieren a la inadecuación de las medidas a los grandilocuentes objetivos que se anuncian. Si se atiende a las declaraciones oficiales, parece que de las medidas aprobadas depende el crecimiento económico del año próximo, previsto en el 2,9%, y la creación de 278.000 empleos. Pero resulta desproporcionado atribuir beneficios tan considerables al aumento de deducciones para las pymes en el impuesto sobre sociedades, las ventajas añadidas en el pago de plusvalías o el aumento del plazo para compensar bases imponibles negativas. Aplicar una tarifa del 30% en lugar del 35% a empresas que facturen menos de 832 millones de pesetas, frente al límite vigente de 500 millones, o los magros incentivos establecidos a I+D es el chocolate del loro.

Ello no significa en absoluto que las medidas sean desacertadas. Por el contrario, algunas, como la extensión del límite de 10 años a 20 años para amortizar el fondo de comercio o la supresión de los límites porcentuales de aportación de planes de pensiones, deben ser muy bien recibidas. La cuestión es que se trata de medidas muy fragmentarias, que no van a tener la influencia económica que el Gobierno espera.

Tampoco brilla la decisión del Gobierno por su oportunidad. Un momento de empeoramiento económico no parece el más adecuado para bajar impuestos. Sería más bien el de actuar en contra del ciclo, aumentando los gastos públicos de inversión, sobre todo en I+D o en aprendizaje tecnológico. Los gastos de inversión, al contrario de las deducciones y bonificaciones fiscales, sí tienen un efecto directo sobre el crecimiento de la economía.

Es un error añadido soportar el supuesto estímulo fiscal a las pymes en el impuesto sobre sociedades. Es un impuesto que apenas grava el funcionamiento de las empresas y, por lo tanto, el efecto que va a producir una rebaja en este impuesto es muy dudosa. El impuesto sobre el beneficio de las empresas en España está por debajo del promedio en la UE. No ocurre así en otras figuras o en las cargas sociales, de impacto mucho mayor en la actividad económica y en el empleo. Y no es precisamente un rasgo de elegancia hacer pasar estas bonificaciones fiscales apresuradas y demediadas por un avance de la reforma del impuesto de sociedades, que requiere un debate previo en profundidad.