Los agentes del Cesid podrán entrar en las casas sin permiso judicial previo

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), nuevo nombre del servicio secreto Cesid, podrá en casos de urgencia y en investigaciones sobre terrorismo intervenir comunicaciones y entrar en domicilios antes de obtener el permiso del juez, a quien en todo caso deberá notificarle esta actuación inmediatamente después para que la ratifique o desautorice. Se trata de un procedimiento excepcional, previsto en el borrador del anteproyecto de ley que el presidente José María Aznar aprobó el martes y que se intentará consensuar en los próximos días con los grupos parlamentarios.

El presidente del Gobierno reveló ayer, durante su reunión con el Grupo Parlamentario Popular, que el martes dio el visto bueno al borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del Centro Nacional de Inteligencia, para que se negocie en los próximos días con la oposición.

Aznar ya anunció la semana pasada en el pleno del Congreso sobre las consecuencias de los ataques terroristas a Estados Unidos que el texto que reforma el servicio secreto sería remitido al Congreso 'en menos de 15 días'. Sin embargo, esta previsión difícilmente podrá cumplirse, pues el anteproyecto debe ser informado por el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de su remisión al Parlamento.

Según fuentes gubernamentales, se trata de un texto muy breve y de carácter genérico. En el mismo se fijan, por vez primera con rango de ley, los objetivos y mecanismos de control del principal centro de inteligencia del Estado.

La principal novedad estriba en el control judicial de las operaciones del CNI que impliquen recorte de derechos fundamentales, como la interceptación de comunicaciones (telefónicas, postales o electrónicas) y la entrada en domicilios. Hasta ahora, el Cesid carecía de cobertura para este tipo de actividades.

Su único recurso para no incurrir en ilegalidad era pedir la correspondiente autorización a la Audiencia Nacional a través de la unidad de policía adscrita al centro. En el futuro, contará con un juez ad hoc para esta tarea.

Será un magistrado del Tribunal Supremo, nombrado para un tiempo limitado por el Consejo General del Poder Judicial, quien se encargue de autorizar y controlar la intervención de comunicaciones y entrada en domicilios. La solicitud, debidamente motivada, le será presentada por el director del servicio secreto.

La ley prevé un procedimiento 'excepcional', para casos de urgencia y sólo en investigaciones relacionadas con organizaciones terroristas, que permitirá iniciar estas actividades sin permiso del juez, a quien se deberán comunicar lo antes posible, justificando el motivo que ha impedido solicitar la autorización con carácter previo. La decisión del juez será recurrible ante una sala reducida del Tribunal Supremo.

Las escuchas del servicio secreto no están dirigidas a la persecución de delincuentes, sino a la defensa de la seguridad nacional, pero el citado juez deberá comunicar a la autoridad competente el resultado de las pesquisas si aprecia indicios de delito.

Junto al control judicial, la ley prevé el control parlamentario del CNI, que se realizará a través de una comisión del Congreso encargada de fiscalizar también el uso de los fondos reservados y de conocer los documentos clasificados como secretos. El texto no fija la composición de dicha comisión, que se deja en manos del Parlamento, aunque será muy similar a la actual de Comisión de Secretos Oficiales, de la que está excluido el Grupo Mixto. Los miembros de la misma serán informados de los objetivos del CNI y su grado de cumplimiento, así como del balance de las escuchas y entradas en domicilio realizadas.

Aunque el proyecto fija a grandes rasgos los objetivos informativos del centro, éstos serán aprobados anualmente por el Consejo de Ministros y el CNI no podrá realizar ninguna actividad al margen de los mismos.

El director del servicio secreto, el diplomático Jorge Dezcallar, con rango de secretario de Estado, dependerá funcionalmente del presidente del Gobierno. Respecto a la dependencia orgánica, a efectos de presupuestos y personal, está previsto que se desligue del Ministerio de Defensa, pero aún no se ha decidido su ubicación definitiva.

El hecho de que el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, sea ministro del Interior y carezca de un aparato administrativo fuera de dicho departamento dificulta la adscripción al mismo. Su encaje directo en la Presidencia del Gobierno dejaría a Aznar sin un ministro cortafuegos en caso de escándalo. Y el titular de Presidencia, Juan José Lucas, no resultaría creíble en ese papel si no ejerciera un control efectivo de las actividades del CNI.

El texto no aborda el viejo problema de la coordinación con los servicios de información de la Guardia Civil y la policía, pues no prevé la creación de un órgano con ese cometido. Tampoco reforma la preconstitucional ley de Secretos Oficiales.