Los jueces deberán garantizar el anonimato a los agentes secretos

Los tribunales estarán obligados a proteger el anonimato de los agentes del futuro Centro Nacional de Inteligencia (CNI), nuevo nombre del servicio secreto Cesid, según el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno. Las identidades de los agentes, así como las operaciones, medios y procedimientos del centro estarán clasificados por ley como secretos, por lo que ni sus miembros ni los diputados con acceso a esta información podrán revelarlos, ni siquiera ante un juez, salvo que el Gobierno lo autorice expresamente.

El goteo de agentes del Cesid compareciendo por los juzgados o el trasiego de papeles clasificados en sumarios como los de las escuchas, los crímenes del GAL o el espionaje a la sede de HB en Vitoria será drásticamente restringido cuando entre en vigor la nueva ley del Centro Nacional de Inteligencia. El proyecto elaborado por el Gobierno clasifica como secretos todos los asuntos relacionados con dicho centro.

También los medios, procedimientos o identidad de los agentes del Cesid eran secretos, pero la diferencia estriba en que esta clasificación se la daba un mero acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, mientras que ahora se la otorgará una ley orgánica.

Se trata de un arma de doble filo, ya que los agentes no podrán revelar nada de lo que sepan, ni siquiera a requerimiento de un juez y para defenderse, salvo que el Gobierno desclasifique la información requerida.

La prohibición de declarar ante el juez se extiende a los diputados que, como miembros de la comisión de control, tendrán acceso a documentos clasificados. La composición de esta comisión es uno de los temas potencialmente conflictivos. La idea es dar más competencias a la actual Comisión de Secretos Oficiales, que preside la presidenta del Congreso y en la que no hay representantes del Grupo Mixto.

Polémica medida

Pero la polémica la desató ayer la facultad que el texto otorga a los agentes del futuro CNI para que, en casos de especial gravedad y urgencia, puedan entrar en domicilios o intervenir comunicaciones y solicitar posteriormente la autorización judicial.

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, no quiso comentar el contenido del proyecto por cortesía, según dijo, hacia los grupos parlamentarios con los que aún no se ha reunido. Aseguró, no obstante, que la futura ley será 'garantista' y combinará la 'eficacia' de los servicios secretos con su 'control'.

Sin embargo, el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, acusó al presidente José María Aznar de pretender 'legalizar un estado de excepción por la vía de los hechos' y recuperar la llamada patada en la puerta de la Ley Corcuera que anuló el Constitucional. 'Ésta no es la mejor forma de impulsar y defender el Estado de Derecho', agregó.

Jordi Marsal, portavoz de Defensa del PSOE, adelantó que su partido no apoyará un proyecto 'que no sea plenamente constitucional', insistió en la necesidad de conjugar la eficacia con el 'respeto escrupuloso a los derechos de los ciudadanos' y concluyó que 'sería un error' aprovechar el clima creado por los atentados del pasado 11 de septiembre para 'recortar las libertades'. Diego López Garrido, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, calificó la medida de 'innecesaria, inaceptable e inconstitucional' y advirtió del riesgo de abusos que existiría si se legaliza la posibilidad de invadir la intimidad de los ciudadanos sin autorización judicial.

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, consideró 'muy peligrosa' esta medida y advirtió: 'Parece que el fin justifica cualquier medio y eso es inadmisible desde el punto de vista democrático'. La diputada de EA Begoña Lasagabaster y el diputado de IC-V Joan Saura mostraron su 'preocupación y rechazo' ante esta medida.

Por el contrario, el portavoz de CiU en la Comisión de Defensa, Josep Maldonado, admitió que la autorización judicial pueda obtenerse a posteriori 'si son temas de extrema gravedad'.

El ministro Federico Trillo-Figueroa ha consultado ya las líneas maestras de la ley con el PSOE, CiU y Coalición Canaria.