Los espías contarán con un nuevo estatuto desligado del de los militares

Los miembros del futuro Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contarán con un estatuto propio que defina sus deberes y obligaciones desligado totalmente del de los militares. Actualmente, los miembros del Cesid se rigen por un estatuto de 1995, derivado de la Ley del Personal Militar de las Fuerzas Armadas.

Pero la constitucionalidad de este estatuto es más que dudosa, ya que se trata de un simple decreto y, sin embargo, limita derechos fundamentales de sus miembros, como el de sindicación o huelga. No hay ningún problema con los militares y guardias civiles, que siguen siendo mayoría entre los miembros del centro, pues en su cuerpo de origen ya tienen limitados dichos derechos, pero sí con los policías y, sobre todo, con el creciente número de civiles, licenciados o técnicos que se han ido incorporando en los últimos años al Cesid.

Nadie se imagina una manifestación o un sindicato de espías. Pero si se quiere ampliar a la totalidad de los agentes secretos los recortes de derechos fundamentales impuestos a los militares sólo puede hacerse a través de una ley orgánica, según fuentes jurídicas.

El anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno, dada su brevedad, no incluye el estatuto de los miembros del centro, pero sí una disposición que menciona sus aspectos fundamentales y habilita legalmente para desarrollarlo en el futuro. Por esta disposición, y por los artículos que hacen referencia a las entradas en domicilio o las escuchas telefónicas, es por lo que el texto tiene carácter de orgánico.

Con la futura aprobación del nuevo estatuto se romperá el último cordón umblical entre el servicio secreto y las Fuerzas Armadas. El proceso de civilización, no obstante, se puso en marcha en 1996, cuando se obligó a los militares a regresar a los cuarteles o colgar definitivamente el uniforme y que profesionalizarse como miembros del centro.

El presupuesto no crece

A pesar de que los sucesos del 11 de septiembre han puesto de manifiesto la necesidad de potenciar los servicios de inteligencia, según todos los expertos, los Presupuestos Generales del Estado para 2002 enviados al Congreso no reflejan esta convicción.

La partida de gastos reservados asignada al Cesid se mantiene congelada en 1.400 millones de pesetas y el presupuesto ordinario del centro, algo más de 5.000 millones de pesetas, crece ligeramente sobre el año actual.

Es verdad, sin embargo, que los presupuestos no reflejan los gastos reales del servicio secreto. Las retribuciones del personal, más de 10.000 millones de pesetas, están emboscados en los capítulos correspondientes del Ministerio de Defensa, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, según cuál sea su procedencia. Y el Gobierno aprobó el año pasado un aumento de la plantilla del Cesid en unos 200 agentes, hasta rondar los 2000.