Dos ex jefes del Cesid se enfrentan a la cárcel por espiar a Batasuna

En pleno proceso de ilegalización de Batasuna, dos ex directores del Cesid, Javier Calderón y Emilio Alonso Manglano, y cuatro agentes secretos se sentarán el próximo día 14 en la Audiencia Provincial de Álava para responder del presunto espionaje a la sede de HB en Vitoria descubierto en marzo de 1998. El tribunal ha rechazado llamar como testigo a quien era ministro de Defensa cuando se conocieron los hechos, Eduardo Serra.

La acusación particular, que ejercen militantes de la suspendida Batasuna, pide cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación para Calderón y Manglano, así como tres años, siete meses y 15 días de cárcel, además de 12 años de inhabilitación, para los agentes Víctor Casterán Villacampa, Felipe Millán García, Mario Cantero González y Francisco Buján González. El fiscal sólo acusa a los dos últimos, a los que reclama dos años y seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación.

El caso se remonta a marzo de 1998, cuando unas obras en la sede de HB en la calle Ramiro de Maeztu, de Vitoria, permitieron descubrir casualmente que sus líneas telefónicas y de ordenador estaban derivadas hacia el piso superior, en el que tenía una base clandestina el servicio secreto Cesid, antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En su huida precipitada, los agentes dejaron abundante material técnico y algunos documentos con identidades reales de miembros del Cesid, lo que permitió que se les imputase un delito de revelación de secretos.

En el juicio que se inicia el próximo día 14 comparecerán casi 30 testigos, pero entre ellos no estará el ex ministro de Defensa, Eduardo Serra, quien admitió ante el Congreso en 1998 que el servicio de espionaje tenía una instalación técnica en el inmueble donde estaba la sede de HB, aunque evitó confirmar que hubiera sido utilizada para interceptar conversaciones telefónicas o mensajes electrónicos.

El tribunal no ha aceptado el testimonio de Serra pero sí, a petición de la acusación, el de tres ex jefes de la Agrupación Operativa del servicio secreto: Juan Alberto Perote Pellón (quien fue condenado a siete años de cárcel en un juicio militar por la sustracción de los llamados papeles del Cesid), Manuel López Fernández y Antonio Lago Palomeque.

También ha sido citado como testigo de la acusación particular el periodista Pepe Rei, quien fue encarcelado en enero de 2001 por el juez Baltasar Garzón acusado de fijar objetivos para ETA a través de la revista Ardi Beltza (Oveja Negra) y se encuentra en libertad provisional.

Por parte de las defensas ha sido llamado a declarar el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar. Los restantes testigos son agentes de la Ertzaintza y de la Guardia Civil, así como peritos de Telefónica, del Grupo de Delincuencia Informática y diplomados en grafística, que han realizado informes sobre los equipos y documentos incautados en el piso del Cesid. Además, comparecerán miembros de HB que frecuentaban el local, entre ellos un edil de Vitoria y una parlamentaria autonómica.

La suspensión de las actividades de Batasuna, decretada por Garzón, no afecta en principio al juicio, ya que la acusación particular no la ejerce dicho partido como tal sino algunos de sus dirigentes a título particular. En concreto, Santiago Hernando Sáez, Eva Miren González de Heredia Campo y Gorka Díaz Martín.

Durante la instrucción no se han transcrito las cintas y discos de ordenador descubiertos en el piso del Cesid, por lo que su contenido se desconoce. Se supone que esta base clandestina operaba al menos desde 1994.