Un dictamen de las universidades catalanas tacha de inconstitucionales 5 artículos de la ley del PP

Al menos cinco artículos del proyecto de Ley de Universidades son inconstitucionales, según un dictamen encargado por las ocho universidades públicas catalanas, que de este modo se enfrentan al Gobierno de CiU, que pretende apoyar la ley en el Congreso. La creación de una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación violaría las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas; el artículo 14.3, que niega el derecho a voto del rector en el Consejo Social, lesiona la autonomía universitaria, y los artículos 9.2, 42.3 y la disposición adicional séptima vulneran las competencias de cada universidad.

Según el informe, la regulación que hace el proyecto de ley del régimen de departamentos, el acceso a la Universidad y los conciertos entre los centros de enseñanza superior y las instituciones sanitarias es de dudosa constitucionalidad. El sistema de elección del rector por sufragio universal también plantea dudas constitucionales a los catedráticos autores del informe, ya que 'abre un proceso de controversia electoral que podría derivar en una elección sobre intereses generales de carácter no específicamente universitario', lo que plantea 'un gran peligro', ya que supondría una 'vulneración de la autonomía universitaria'. La intromisión del 'sistema partidista' supondría una 'desnaturalización' de la elección del rector.

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional Marc Carrillo y los catedráticos de Derecho Administrativo Joaquim Ferret y Tomás Font, fue presentado ayer por el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, y el de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Carles Solà, que insistieron en que el proyecto del PP tiene 'graves defectos que vulneran la autonomía universitaria y de Cataluña'. El dictamen ha sido enviado al resto de universidades españolas, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Parlamento catalán para que lo tengan en cuenta a la hora de presentar enmiendas.

Sobre el régimen de becas, el informe considera que el proyecto de ley del PP 'no sigue ninguna directriz de la jurisprudencia constitucional' que señala que las subvenciones no tienen carácter de competencia. 'Si del proyecto se derivase una universalidad de la competencia estatal en materia de becas', aseguran los catedráticos, el resultado sería la inconstitucionalidad de la legislación.

Entre los puntos que el estudio considera 'dudosos' figura el sistema de aprobación de los estatutos de cada universidad, que, según el proyecto de ley, antes de su aprobación definitiva, deben obtener la conformidad del Ejecutivo autónomo. Los estatutos deberían entrar inmediatamente en vigor una vez aprobados por la universidad y el Ejecutivo sólo debería impugnarlos si encuentra razones para ello.

El proyecto de ley 'sería más respetuoso con la autonomía universitaria si no abriese un proceso constituyente generalizado en todas las universidades públicas', de manera que tengan que disolverse los claustros y convocarse nuevas elecciones, según el informe de las universidades catalanas. La enmienda presentada estos últimos días por el PP en el sentido de retirar la preceptiva dimisión no sólo del claustro, sino de todos los rectores una vez que estuviera aprobada la ley, no ha convencido a los responsables de las universidades catalanas, que consideran que no es 'un cambio sustantivo'. Según Solà, 'el PP ha querido distinguir entre rector y claustro, lo que es muy retorcido, porque el claustro es quien elige al rector'. Tugores, por su parte, considera que esta decisión corresponde a la estrategia de 'divide y vencerás'.

Solà y Tugores, que ayer hablaban en nombre de todos los rectores catalanes, rechazaron que exista ningún tipo de enfrentamiento entre ellos y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), tal y como había dado a entender el consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, al criticar duramente la posición de la CRUE sobre la Ley de Universidades afirmando que demostraba una 'sensibilidad nula hacia el hecho autonómico'.

'La visión de Mas-Colell no se ajusta a la realidad', dijo ayer el rector Carles Solà, que fuera presidente de la CRUE. Todas las decisiones de este organismo con respecto al proyecto de ley, añadió, 'se han tomado por unanimidad'; es decir, con la participación de los rectores catalanes. Según Solà, es posible que los rectores catalanes tengan 'una línea de trabajo propia, que dé más énfasis a los temas en los que tenemos más sensibilidad', pero siempre será 'complementaria' a la de la CRUE.

Tugores fue más incisivo. Tras reconocer que las enmiendas propuestas por la CRUE al proyecto de ley 'quizás no son todo lo autonomistas que nos gustaría', le recordó a Mas-Colell que 'quien acepta el sistema de habilitación nacional del profesorado [en alusión a la aprobación por parte de CiU de este sistema] no puede hacer críticas de falta de sensibilidad autonómica'. Los rectores catalanes, en general, se resienten de la escasa beligerancia de CiU en este asunto.