Rechazo total de Euskadi

La reforma universitaria impulsada por el Ministerio de Educación es rechazada por el Gobierno vasco (formado por el PNV, EA e IU) y por las tres universidades radicadas en Euskadi, porque, en su opinión, compromete su futuro. El Departamento de Educación vasco incluso ha advertido al ministerio de que aplicará una legislación propia a la enseñanza superior en el caso de que el Congreso dé el visto bueno al proyecto de Ley de Universidades en los términos aprobados por el Gobierno del PP.

La consejera de Educación, Ángeles Iztueta, de Eusko Alkartasuna, mantiene que el proyecto atenta contra las competencias del País Vasco en materia educativa. Aunque el propio PP ha introducido algunas enmiendas al texto, Iztueta entiende que su contenido 'diluye' e incluso 'elimina' las competencias autonómicas a la hora de planificar la enseñanza universitaria en sus diferentes vertientes, como centros, titulaciones, profesorado y becas. El Gobierno vasco reconoce que su intención de elaborar una norma propia puede generar un problema con la Administración central, pero asegura que el conflicto ya existe ahora.

La Universidad del País Vasco (UPV), la de Deusto y la de Mondragón han coincidido en su crítica: se trata de un proyecto que nace de un diagnóstico equivocado y que no permitirá sentar las bases de un sistema universitario que mire al futuro. El más radical en su rechazo ha sido el rector de la UPV, Manuel Montero, para quien el texto llevará el 'caos' y la 'inestabilidad' a los centros. Para Montero, el sistema de habilitación del profesorado previsto en el proyecto de ley no garantiza el desarrollo de las enseñanzas en euskera.

'Involucionista'

El Partido Socialista de Euskadi (PSE) también considera 'malo' el proyecto, pero matiza que la comunidad autónoma no puede legislar contra una ley orgánica, que es de obligado cumplimiento. Su única posibilidad es legislar en los aspectos que no sean básicos. La responsable de temas educativos en el PSE, Isabel Celaá, cree que el proyecto del PP es 'involucionista', pero al mismo tiempo acusa al Gobierno vasco de utilizar su oposición a esta norma como 'pretexto' para defender postulados nacionalistas y embarcarse así en una 'guerra santa' contra el 'nacionalismo del PP'.

Al presidente del Consejo Social de la UPV, Pedro Larrea, tampoco le parece buena idea la intención del Gobierno de Vitoria de elaborar una Ley de Universidades vasca. Larrea considera que 'la batalla jurídica vía una ley propia tiene pocas bazas de prosperar', por lo que es una 'mala estrategia'. El presidente del Consejo Social de la UPV sostiene que lo que hay que hacer ahora, cuando el anteproyecto está en trámite parlamentario, es 'ejercer todo tipo de presión, política, social, universitaria...', para reformarlo por los cauces establecidos. Según el Consejo Social de la UPV, el proyecto del PP no aborda 'los problemas fundamentales' de la Universidad.