Un robo sin culpables

El robo de 13 sumarios contra Jesús Gil en los Juzgados de Marbella, aireado el pasado 10 de agosto, provocó una enorme alarma social. El hecho de tratarse de un hurto ejecutado desde dentro, que beneficia a un personaje tan controvertido como el alcalde y presidente del Atlético de Madrid, y escenificado en una jurisdicción como Marbella, siempre manchada por la sombra de la corrupción, desató todas las alarmas. El Consejo General del Poder Judicial anunció 'medidas ejemplares' para evitar que un episodio semejante volviera a repetirse. El PSOE y las asociaciones judiciales Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria solicitaron la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para destapar toda la trama. Se prometió una acción inmediata para identificar y castigar a los culpables. Pero, cinco semanas después, sólo hay una certeza: que no ha pasado nada.

La investigación policial ha concluido, pero ninguno de los sospechosos ha sido acusado

El 17 de julio pasado, una funcionaria judicial de Marbella alertó a los servicios informáticos de la Junta de Andalucía de la desaparición de un fichero en su ordenador relacionado con uno de los casos que su juzgado, el número 7, instruía contra el alcalde, Jesús Gil. Entonces, ni ella ni la Junta sospecharon que aquel borrado informático formaba parte de algo mucho más gordo. No fue hasta 25 días después, el 10 de agosto, cuando los jueces titulares de los Juzgados de Instrucción números 1, 5 y 7 de Marbella reconocieron la sustracción y el borrado informático de documentación referida a 13 causas contra Gil.

El robo provocó un revuelo mayúsculo, no sólo por lo escandaloso de que todos los sumarios robados (15) excepto dos tuvieran relación con Gil, sino también por la evidencia de que había sido ejecutado por uno o varios funcionarios judiciales, lo que implicaba la existencia de una trama interna, y por la tardanza de los jueces y fiscales de Marbella en adoptar medidas o siquiera denunciar a sus superiores la desaparición de la documentación.

La Fiscalía de Málaga ordenó inmediatamente la apertura de una investigación penal, pero los partidos políticos, las asociaciones judiciales, y las organizaciones vecinales de Marbella exigieron además medidas complementarias. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció la apertura de una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de magistrados y secretarios judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hizo lo propio respecto de los funcionarios. Y la Inspección de la Fiscalía General del Estado, a instancias del PSOE, aceptó también revisar la actuación de los fiscales de Marbella en el caso.

Pero, por ahora, ninguna de las vías abiertas ha llevado a ningún sitio. La primera juez encargada de la investigación fue precisamente Blanca Esther Díez, quien hace ocho años libró y perdió una batalla contra la corrupción en los juzgados marbellíes. Tres semanas después de iniciar la investigación, Díez decidía abstenerse por motivos que no han trascendido. María José Rivas, titular del Juzgado número 3, la sustituyó como instructora. Cuando la primera juez dejó el caso, el sumario no pasaba de los 500 folios. Aunque se barajaban al menos dos sospechosos, no se había producido ninguna imputación.

Aún hoy no las hay, y Rivas, que llegó a Marbella por el procedimiento de ascenso forzoso, cumple en diciembre el periodo de permanencia obligatoria en la ciudad. Si pide traslado, el caso cambiará de manos al menos una vez más. La investigación policial que desempeñaron siete agentes especializados en delitos monetarios ha concluido, pero no se ha acusado formalmente del robo a ninguno de sus supuestos autores materiales, a pesar de que al menos el responsable del borrado informático está identificado. Y mucho menos se han esclarecido las identidades y conexiones de los posibles inductores.

Tampoco han llegado más lejos las medidas disciplinarias. La investigación del CGPJ se cerró sin que se hallase responsabilidad de los jueces afectados en la desaparición de sumarios. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha rechazado la petición formulada por el PSOE y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de que la Fiscalía Anticorrupción llevase la investigación.

La razón esgrimida, que comparten el fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, y el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, es que se dará entrada a Anticorrupción 'si la investigación demuestra que detrás del robo existe una trama'. La portavoz socialista en Marbella, Isabel García Marcos, acusación particular en varias de las causas desaparecidas, piensa que 'el razonamiento es justo el inverso: si se sospecha que hay corrupción, hay que poner a investigar a una unidad fiscal especializada'.

Entretanto, la reconstrucción de los sumarios se está llevando a cabo con más dificultades de las que auguraba Jesús Gil. Y el hecho de que todas las medidas anunciadas para arreglar la situación de los juzgados se hayan desinflado alimenta el pesimismo entre los vecinos. 'Yo ya lo sabía', sentencia un miembro de la Plataforma Ciudadana por la Justicia. 'Si hubiera interés en limpiar Marbella ya lo habrían hecho'.