Unos juzgados con historia negra

Las denuncias sobre corrupción judicial en Marbella no son nuevas. Antes de que la juez Díez alertase en 1993 sobre la existencia de una trama de corrupción en los juzgados, el pago de astillas era un secreto a voces.

Díez simplemente puso sobre el papel lo que muchos sabían. Seis años atrás, en 1987, Baltasar Garzón, entonces inspector del CGPJ, también se refirió en un informe a la 'desastrosa' situación de estos juzgados.

Hay quien afirma que lo que terminó con las astillas fue el juicio contra tres funcionarios de la vecina localidad de Estepona, que fueron acusados en 1991 de aceptar sobornos y establecer tarifas por agilizar los procedimientos. Curiosamente, los encausados habían trabajado previamente en Marbella.

En Marbella no existió registro de entrada de documentos hasta hace pocos años. Esto ha facilitado priorizar unas causas frente a otras ignorando criterios de antigüedad. Una encuesta realizada en 1994 entre los abogados de la ciudad otorgaba un cero al funcionamiento de los juzgados. El 90% de los encuestados dijo que existían asuntos con retrasos injustificados. Una de las principales soluciones apuntadas era el traslado de funcionarios.

Unos funcionarios cuya actividad ha vuelto ahora a ponerse en entredicho tras la desaparición en agosto de 13 sumarios relacionados con Jesús Gil, al que algunos políticos, como el portavoz del PA, Carlos Fernández -antiguo concejal del GIL- acusan de obtener 'información privilegiada' del personal de la sede judicial.