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Editorial:

Cruce de monólogos

El 'lehendakari' anunció en su investidura un plan que pasaba por la celebración de dos debates parlamentarios separados, sobre pacificación y sobre autogobierno. Ayer se celebró el primero, pero pareció que para Ibarretxe se trataba ante todo de despejar el tema de la pacificación para entrar en el otro, desmintiendo la voluntad de no mezclarlos. El resultado fue una reedición, algo más sofisticada, de los planteamientos nacionalistas que rompieron el consenso en torno al Estatuto. El nuevo consenso reclamado por el lehendakari es muy difícil en esos términos. La oposición lo ofreció para combatir a ETA, y los partidos del Gobierno de Vitoria, con acentos diversos, para establecer un nuevo marco político.

Ibarretxe dejó muy claro su rechazo de la violencia, exigió a ETA su retirada y anunció una serie de iniciativas (incluyendo la aprobación de un manifiesto y la creación de un observatorio de derechos humanos) destinadas a hacer evidente ese rechazo y su solidaridad con quienes padecen la coacción de ETA. Despejado ese asunto, el resto del discurso estuvo dedicado a reiterar que, si bien no se puede subordinar la paz a la obtención de un determinado objetivo político, tampoco se puede invocar la violencia como coartada para evitar el debate sobre determinadas aspiraciones nacionalistas. La afirmación de que no hay que confundir pacificación con normalización política fue otra formulación de la misma idea.

Sin embargo, los partidos nacionalistas han venido confundiendo ambas cosas al condicionar la paz a la obtención de su programa político del momento: un concierto favorable, competencias antiterroristas para la Ertzaintza, la superación del Estatuto de Gernika... Esa lógica sigue presente en el mensaje del PNV, y ostentosamente, en el de EA. La objeción, planteada, entre otros, por el ex lehendakari Ardanza, de que mientras exista ETA no es planteable la reivindicación soberanista tiene una clara motivación: que ETA amenaza -y mata- a quienes propugnan soluciones diferentes. Normalización política significa que no haya ciudadanos amenazados por sus ideas, y no que todos acepten las que sostienen los nacionalistas. Por ejemplo, la de la existencia de un conflicto que requeriría soluciones que vayan más allá del marco estatutario. El empeño en hacer comulgar a la oposición con ese planteamiento impidió ayer un acuerdo en torno a una declaración contra la violencia cuyo contenido central era compartido por todos los partidos democráticos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de septiembre de 2001