La aseguradora de Gescartera anuló la póliza de responsabilidad civil por falta de pago

Los directivos de Gescartera no sólo dejaron a sus clientes sin el capital que les habían confiado, hasta 18.000 millones de pesetas, sino también sin el seguro que, al menos en teoría, les hubiera permitido recuperar las pérdidas derivadas de una gestión negligente. La compañía Plus Ultra ha comunicado a la Audiencia Nacional que la póliza de responsabilidad civil general, por valor de 200 millones, suscrita con la agencia de valores 'está anulada por falta de pago'. El Fondo de Garantía de Inversiones creado por el Gobierno permitirá a cada cliente recuperar hasta 3,3 millones.

En su primera declaración judicial, el pasado 14 de julio, el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, aseguró que 'hay un seguro con Plus Ultra que cubre a cada cliente con unos 400 millones de pesetas'.

El juzgado central de instrucción número 3 dirigió un oficio a la compañía aseguradora para comprobar esta afirmación.

En su respuesta, incorporada al sumario, Plus Ultra reconoce que Gescartera tenía tres pólizas destinadas a cubrir eventuales responsabilidades civiles derivadas de cualquier negligencia por error u omisión en la gestión de la sociedad de valores, por un importe conjunto de 650 millones de pesetas, pero también anticipaba que las mismas no eran aplicables a este caso.

Excluidos actos dolosos

En primer lugar, porque las pólizas excluian 'los actos dolosos del asegurado', que quedarán en evidencia si el procedimiento judicial abierto acaba en condena.

También porque, al renovar la póliza para el año 2001, Gescartera 'manifestó que no tenía conocimiento de contingencia ni expediente alguno abierto frente a ella, omitiendo las diligencias que por aquel entonces estaba practicando la CNMV [Comi-sión Nacional del Mercado de Valores]'. Plus Ultra agrega que 'la indicada omisión provoca nulidad de la renovación'.

Pero, además, según la compañía aseguradora, la primera póliza, de responsabilidad civil general, por un importe de 200 millones de pesetas, había quedado 'anulada por falta de pago'.

Respecto a la tercera, que se refiere a la responsabilidad profesional de los administradores y directivos de Gescartera y alcanza los 250 millones de pesetas, Plus Ultra asegura que 'se anuló con efecto 16 de junio de 2001'; es decir, dos días después de la intervención de la agencia de valores por la CNMV.

También en este caso Plus Ultra se basa en que 'la declaración efectuada por la aseguradora no se ajustaba a la realidad por ella conocida', lo que provoca 'la nulidad de la renovación y la no vigencia de la póliza'.

En su escrito al juzgado, la compañía aseguradora admite que la póliza podría responder de eventuales reclamaciones contra Camacho y otros directivos de Gescartera anteriores a la fecha de anulación, pero agrega que, 'según ha tenido conocimiento esta entidad por las noticias aparecidas en los medios de comunicación, a 16 de junio de 2001 no había reclamación alguna frente a tales personas'.

Si prosperan los argumentos de Plus Ultra, los clientes de Gescartera deberán confiar en que la investigación judicial localice las cuentas donde el dinero presuntamente distraido por los gestores de la sociedad, hasta 18.000 millones de pesetas, habría sido puesto a buen recaudo.

Más seguro es, sin embargo, que cobren del Fondo de Garantía de Inversiones, creado por un real decreto del Ministerio de Economía de 3 de agosto pasado, dos semanas después de que estallara el escándalo.

Este fondo, ya previsto en la reforma de la ley del Mercado de Valores de 1998, en aplicación de una directiva de la Unión Europea de 1997, prevé que los clientes de empresas de servicios de inversión declaradas insolventes, por decisión judicial o administrativa, sean indemnizados.

El importe máximo de la indemnización prevista es de 20.000 euros (3.327.720 pesetas) por inversor, sea persona natural o jurídica. De ahí que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, haya declarado que la mitad de los alrededor de 2.000 clientes de Gescartera van a recuperar la totalidad de su dinero; ya que su inversión era inferior a esta cantidad.

En comparación, el Fondo de Garantía de Depósitos sólo garantiza a los depositantes de bancos y cajas que quiebren o suspendan pagos hasta un máximo de 1,5 millones, aunque esta cantidad se va a elevar también a 3,3 millones para cumplir las exigencias de la Unión Europea.

El Fondo de Garantía de Inversiones se nutrirá con las aportaciones obligatorias de las empresas de servicios de inversión, por un importe anual equivalente al 2 por 100 del dinero más el 0,1 por 1000 del valor de los valores e instrumentos financieros en ellas depositados o registrados por sus clientes. El plazo para cobrar la indemnización será relativamente rápido: dentro de los tres meses siguientes -prorroga-bles a seis- a la declaración de quiebra o suspensión de pagos.

Aunque el decreto de creación del fondo entró en vigor el 4 de agosto, su cobertura se retrotrae al 1 de julio de 1993.