Deberes argentinos

La inyección de liquidez de 8.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de conceder a Argentina era una condición necesaria para suavizar el estrangulamiento financiero de ese país. Pero es difícil asegurar si será suficiente para evitar el definitivo colapso: la suspensión del pago de la deuda externa y la eventual devaluación del peso, que sigue con un cambio fijo con el dólar que que perjudica sus exportaciones. Los mercados financieros han interpretado favorablemente esta especie de respiración asistida que será asignada al fortalecimiento de las reservas (5.000 millones de dólares) y a facilitar la reestructuración de una gigantesca deuda externa viva que alcanza los 130.000 millones de dólares.

La consolidación de estas expectativas más favorables va a depender de la capacidad del Gobierno de Fernando de la Rúa para convencer a propios y extraños de que la Ley de Déficit Cero aprobada en julio se aplicará, y en primer lugar a los reticentes y mayoritariamente justicialistas gobernadores de esos reinos de taifas que son las provincias, para hacer viable el programa de reducción de gasto público (fundamentalmente salarios y pensiones) en el que el FMI ha hecho especial hincapié. La toma de medidas drásticas es más difícil con las elecciones legislativas en el ya cercaco horizonte del 14 de octubre, pero los argentinos no pueden permitirse jugar al electoralismo. Y si puede resultar sorprendente que De la Rúa haya prometido un posterior referéndum sobre la reducción del 'gasto político', en un país con más de 16.000 cargos electivos, y un gran poder de los gobernadores provinciales, abaratar lo que cuesta la política -que no es lo mismo que el gasto público- es, con o sin consulta popular, una condición indispensable para restablecer la credibilidad internacional en ese Estado y en esa sociedad.

El convencimiento de que tienen que contribuir a sacar a su país del abismo ha de calar igualmente en los propios ciudadanos argentinos que, hasta ahora, han estado retirando sus depósitos en dólares del sistema bancario, en una especie de gradual sangría financiera -más de 3.000 millones de dólares en lo que va de agosto-, reflejo de la desconfianza en los planes del ministro Cavallo. También habrá de convencerse a los acreedores financieros y a potenciales inversores internacionales para que, cuando menos, no alimenten esa sangría.

La restauración del crecimiento, en una economía que lleva más de tres años en recesión, es imprescindible para garantizar la recaudación necesaria que equilibre las cuentas públicas y para reducir las comprensibles tensiones sociales en un país con una tasa de paro superior al 15%, desprotección social, niveles salariales ínfimos y tipos de interés astronómicos. El FMI, pese a las resistencias de la Administración Bush, ha movido ficha. Ahora le toca a los argentinos hacer sus deberes.