Quintacolumnistas de Israel

'Espías, espías, aplastaremos vuestras cabezas con nuestros zapatos', coreaban dos centenares de mujeres en el entierro de uno de los últimos palestinos asesinados por soldados israelíes. La población palestina está cada vez más convencida de que esos ataques selectivos contra los dirigentes de la resistencia sólo son posibles con información desde dentro. ¿Cómo, si no, pudieron los artificieros israelíes colocar una bomba en el coche de Ibrahim Beni Odeh o hacer estallar la cabina telefónica desde la que hablaba Salah Darwaze? El sobrino del primero y un conocido del segundo estuvieron detrás.

Ambas víctimas eran dirigentesde Hamás, pero ha habido bajas en todos los grupos que respaldan la Intifada. Y la ira de sus militantes está a punto de estallar. Según el Centro Palestino de Derechos Humanos, Israel ha ejecutado a 58 dirigentes locales de la Intifada desde el inicio de la revuelta palestina a finales del pasado septiembre. La presión de la calle ha obligado a la Autoridad Palestina (AP) a intensificar su lucha contra los colaboracionistas.

El pasado viernes apareció en las cercanías de Belén (Cisjordania) el cuerpo acribillado de Jaled Musa Abu al Hawa, de 56 años. Como los dos hombres asesinados el miércoles por enmascarados en Ramala y El Jader, los vecinos de Abu al Hawa sospechaban que pasaba información a Israel. Al menos otros cinco conocidos colaboracionistas han corrido la misma suerte desde septiembre.

Estos sucesos recuerdan dolorosamente la ola de venganzas y contravenganzas que se desató en la última fase de la primera Intifada (1987-1993). 'Entonces no teníamos una justicia propia, pero hoy no podemos justificarlo', declaró en una entrevista a EL PAÍS Mohamed Abu Harthieh, director general de la organización de derechos humanos Al Haq.

'La Autoridad Palestina rechaza y condena todo intento de cualquiera que pretenda tomarse la justicia por su mano', se apresuró a precisar el viernes un comunicado oficial que señalaba a la AP como 'única entidad responsable de tomar las medidas legales necesarias'. La 'operación preventiva' israelí del martes anterior (el ataque a una oficina de Hamás en Nablús que causó ocho muertos) desató una ola de detenciones.

Durante la pasada semana, los tribunales de seguridad del Estado han juzgado a seis sospechosos de colaboracionismo y condenado a muerte a cuatro de ellos. Estas sentencias, bien acogidas por la población que pide su ejecución inmediata, constituyen una pesada losa para el presidente palestino, Yasir Arafat, a quien corresponde ratificar las penas capitales. Cuando el pasado enero su firma envió por primera vez al pelotón de fusilamiento a dos colaboracionistas, las críticas de los grupos de defensa de los derechos humanos no se hicieron esperar. A la oposición genérica a la pena de muerte se unen las reticencias a los tribunales de excepción creados en 1995 y cuyos pronunciamientos no admiten recurso.

El Centro Palestino de Derechos Humanos, denunció el pasado jueves que los acusados de colaboracionismo 'sufren tortura en prisión, no tienen derecho a defenderse ante el tribunal y no pueden apelar contra la sentencia'. Al Haq subraya que muchos de los acusados 'han sido forzados ha colaborar por las fuerzas israelíes mediante presión física o psicológica y/o amenazas de cárcel o desgracia pública', lo que constituye una violación de ley humanitaria internacional.

Israel, que desde el inicio de la ocupación ha contado con informantes en los territorios, suele atraer a los palestinos con pases para cruzar los controles del Ejército (única forma de encontrar trabajo en Israel) o con dinero. También son numerosas las historias de chantaje por líos de sexo y drogas, reales o preparados. Los responsables se niegan a comentar estos asuntos y tampoco ayudan a los colaboradores en apuros.