Explicaciones debidas

La comparecencia hoy en el Congreso de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, debería contribuir de forma decisiva a esclarecer el papel de la autoridad supervisora en el caso Gescartera, además de aportar pistas sobre cómo quiere manejar el Gobierno el que es ya el mayor escándalo financiero de las dos legislaturas del PP. Si se atiende a las divagaciones recientes de los representantes del PP sobre el particular, hay que ponerse en lo peor. La interpretación de su portavoz de Economía en el Congreso es que gracias al buen funcionamiento de la CNMV se han detectado las irregularidades y que al dimitido secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, 'se le pueda acusar de ingenuidad, nunca de corrupción'; el vicepresidente Rato se ha apresurado a negar que la Comisión facilitara información privilegiada a determinados inversores de Gescartera para que rescataran su dinero. Gobierno y PP se aprestan, pues, a defender la tesis de que la CNMV actuó correctamente, a pesar de que los hechos parecen señalar en dirección contraria.

Porque lo que tendría que explicar hoy la presidenta de la CNMV en el Congreso es por qué se aprobó el año pasado la conversión de Gescartera en agencia de valores a pesar de los oscuros antecedentes de sus promotores -Antonio Rafael Camacho y José María Ruiz de la Serna-, sancionados por resistencia a la inspección de su sociedad de cartera; cuál es el entramado de relaciones personales y familiares entre asesores de la sociedad y cargos directivos de la CNMV que ha suscitado las sospechas de que pudo haberse producido una autorización ilegítima y, posteriormente, información privilegiada a un grupo selecto de ahorradores, y, por último, cómo no se detectó la presencia evidente y abrumadora de circuitos de dinero negro en una sociedad supervisada. Si Valiente responde de forma satisfactoria, podrá decirse que la CNMV ha actuado de forma correcta; pero no antes.

El perímetro del escándalo Gescartera, mientras tanto, se amplía a medida que se van conociendo los nombres de los afectados y su número, el volumen de inversión gestionada (sean 20.000 o 59.000 millones) y la cantidad de dinero desaparecido, al menos 12.000 millones. La presencia entre los damnificados de instituciones de tanto significado social como la Iglesia -el arzobispado de Valladolid-, la Guardia Civil, cuyo patronato prohuérfanos vio desaparecer unos 400 millones en el agujero negro de Gescartera, y el Ministerio de Defensa, obliga al Gobierno a responder a algunas cuestiones delicadas. ¿Quién controla la inversión del dinero público de los departamentos ministeriales y de los organismos oficiales? ¿Cómo es posible que el responsable de los fondos de la Seguridad Social del Ministerio de Defensa no sepa que una sociedad de inversión no está facultada para admitir depósitos? ¿Qué disposiciones van a adoptarse contra los mandos de la Guardia Civil -entre ellos, el coronel José Giménez-Reyna, hermano del secretario de Estado de Hacienda y de la presidenta de Gescartera- que viajaron invitados por el principal accionista de Gescartera a la final de la Copa de Europa del año pasado en París?

El Gobierno y el PP podrán autoexculparse después de ofrecer explicaciones concluyentes, y no antes; acusar a la oposición, como hizo ayer el portavoz popular, Martínez Pujalte, de 'cuestionar irresponsablemente el sistema financiero español' cuando exige explicaciones sobre Gescartera suena a broma. Lo que mina la confianza de los inversores en la solvencia de las instituciones financieras y de supervisión es la negligencia con que los responsables públicos y los políticos lanzan cortinas de humo para eludir las explicaciones debidas. Al PSOE, como principal partido de la oposición, hay que exigirle hoy que ejerza su tarea de fiscalización política a Pilar Valiente con conocimiento y rigor. Y si no hay explicaciones convincentes, y tampoco las da el Gobierno, será la hora de plantear una comisión parlamentaria de investigación.