Casi mil inmigrantes solicitan en Euskadi acogerse a la regularización por arraigo

Apenas les separaban unos metros y una esquina que les impedía encontrarse. En la entrada principal de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao formaban ayer cola una treintena de inmigrantes en busca de un permiso que les haga perder para siempre la etiqueta de sin papeles.

En el acceso a la puerta donde se expiden los pasaportes, una fila aún más larga esperaba turno por un motivo bien distinto. 'Así son las cosas, unos se van sin problemas y nosotros queremos quedarnos con todos los del mundo', simplifica M. de 24 años, natural de Senegal, quien con una mano calma a su impaciente hija de cinco años y con la otra sostiene la silla donde dormita su bebé.

Esta mujer, que prefiere ocultar su identidad, no forma parte de los 369 extranjeros que en Vizcaya habían pedido permiso hasta el pasado 24 de junio. M. esperó hasta el último día para acogerse al proceso de regularización por arraigo, lo que significa que si posee una oferta real o potencial de trabajo o tiene vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles lo conseguirá. 'Vivimos aquí desde hace dos años. Espero que todo se arregle, porque es duro vivir así', parece rogar Patricia, de Colombia.

De los 369 expedientes tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, 27 corresponden a permisos de residencia; 318 de trabajo y 24 a comunitarios. 'El número real de solicitudes será, al menos, un diez por ciento más alto, ya que las cifras corresponden a las tramitaciones que ha realizado la Subdelegación de Vizcaya', explica un portavoz. En Álava, la situación es similar, hasta el 21 de julio se habían acogido al proceso de regularización 458 extranjeros. En esta ocasión, se han dado cifras de los expedientes resueltos favorablemente: 56 hasta esa fecha. 274 peticiones del total presentaron oferta de trabajo, de las que 34 se resolvieron favorablemente.

En Guipúzcoa, hasta el 20 de julio, se registraron 433 solicitudes, de las que 375 presentaron oferta de trabajo. Peticiones de residencia exclusivamente fueron 42 y familiares y comunitarias, 16, según la información de la Subdelegación del Gobierno en ese territorio.

Aunque el plazo de solicitudes concluye el 31 de julio, la alta demanda ha obligado a que se pospongan turnos de atención hasta octubre. 'Este proceso es un parche, aunque sea positivo para algunos, a un proceso de regularización muy duro y que ha demostrado ser un fracaso. Las instrucciones son contradictorias y jurídicamente inseguras', asegura Oscar Vellisca, de la organización SOS Racismo.