Detenidos dos altos cargos de Fujimori en vísperas de la investidura de Toledo

Considerados dos piezas clave de la red mafiosa tejida por Vladimiro Montesinos, ambos están tras las rejas desde la noche del miércoles. El Gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua se despide de este modo con un broche de oro en su batalla por el saneamiento de la vida política de Perú tras la década fujimorista.

"Es un paso sumamente importante, porque estamos en camino de hacer justicia y un mensaje importante para la colectividad", decía exultante el abogado Luis Vargas, número dos de la fiscalía ad hoc que investiga los numerosos casos de corrupción bajo el régimen de Fujimori-Montesinos. El procurador estima que contra Colán, que estaba procesada, "hay suficientes elementos probatorios de delitos", por lo que, ante el riesgo de fuga, era aconsejable ordenar su detención, lo que finalmente hizo el juez. A la ex fiscal general se le acusa de dos delitos contra la Administración de justicia y de enriquecimiento ilícito, por los que podría ser condenada a ocho años de cárcel. Asimismo, se investiga su papel en el nombramiento de jueces adictos y el manejo de fiscalías especiales de acuerdo a las instrucciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuyo hombre fuerte era Montesinos.

José Portillo se convirtió en la cara más odiosa del fraudulento proceso electoral de hace un año, que culminó con la reelección de Fujimori. Sus comparecencias para informar, con un tono no exento de cinismo, del recuento de votos a ritmo de cuentagotas provocaron las críticas generalizada de la oposición y de los observadores internacionales. Previamente, como máximo responsable del ente organizador de los comicios, Portillo cerró los ojos ante la campaña para lograr un tercer mandato presidencial de Fujimori, a pesar de que la Constitución no lo permitía. El ex jefe de la ONPE está acusado de delitos contra la fe pública y contra la Administración de justicia, y de formar parte de una asociación para delinquir. Podría ser condenado a un mínimo de 10 años de cárcel.

El último golpe de la justicia contra la corrupción constituye una despedida inmejorable al Gobierno de transición, cuyo primer ministro, Javier Pérez de Cuéllar, entregó ayer al presidente Valentín Paniagua la memoria de la labor realizada en ocho meses por los distintos ministerios. "Hemos trabajado para devolverle al país su dignidad. Hemos recuperado la democracia, la gobernabilidad y hemos organizado las elecciones más puras de la historia de la República", dijo Pérez de Cuéllar. Mañana, Paniagua entregará la banda presidencial a su sucesor, Alejandro Toledo.

El presidente electo anunció ayer la composición de su próximo Gobierno. De la lista de 16 nombres destaca el del ex congresista Fernando Olivera al frente del Ministerio de Justicia, una de las carteras más comprometidas. El líder del Frente Independiente Moralizador (FIM) alcanzó notoriedad al difundir el vídeo, que alguien le hizo llegar desde el Servicio de Inteligencia Nacional, en el que Vladimiro Montesinos sobornaba con 15.000 dólares al diputado tránsfuga Alberto Kouri. El escándalo provocó el meteórico desmoronamiento del régimen de Fujimori.