La Junta andaluza acuerda mañana demandar a las tabacaleras

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordará mañana demandar judicialmente a la industria tabacalera por 'el daño que causa y no paga'. La demanda estará lista, previsiblemente, a finales de septiembre y será presentada en un juzgado de Madrid al ser esta ciudad el domicilio social de la mayoría de las empresas que comercializan tabaco en Andalucía.

Medio millar de personas han dado ya su consentimiento para comparecer como testigos y para que sean utilizados sus historiales clínicos como prueba. La cantidad demandada no será, en cambio, los 60.000 millones de pesetas anuales que la sanidad andaluza calcula que le cuesta el tabaquismo, sino 'muy inferior, por razones de estrategia', aseguran fuentes de la Junta.

'Éste será un pleito lleno de matices, en el que habrá que hilar muy fino', explica la misma fuente. La principal razón por la que no se entablará un macropleito es porque siempre será más difícil demostrar ese daño en millones de afectados y el coste económico en decenas de centros sanitarios que si se restringe la demanda a un par de hospitales y a un grupo concreto de personas. 'Y una vez ganado este pleito, ganados todos', dice un jurista de la Junta.

La demanda sólo se interpondrá con los datos de los enfermos de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena, ambos en Sevilla. Además, en la demanda no se reclamará más que el gasto generado por los pacientes de tres patologías específicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infarto agudo de miocardio y cáncer de pulmón.

Cantidad exigida

La cantidad exigida a las tabacaleras puede que no ascienda a más que a unos cientos de millones de pesetas. En todo caso, será siempre el juez el que fije en su momento el montante del daño, de acuerdo a los términos y criterios en los que se haya interpuesto la demanda.

La Junta justifica su demanda en la Ley General de Sanidad, que recoge el derecho de la Administración sanitaria a reclamar a un tercero el daño causado, en este caso las tabacaleras. Los técnicos sanitarios andaluces están intentando acumular pruebas para demostrar que el tabaquismo genera unos costes concretos al sistema público de salud.

Los juristas de la Junta estiman que no puede hablarse de 'consentimiento de la víctima' -uno de los principales escollos a salvar en este pleito y que generará más controversias- por tres razones fundamentales. Estos juristas entienden que la información sobre el peligro del tabaco es insuficiente; que la mayoría de los consumidores comienza a fumar cuando aún son menores e incapaces de evaluar el grave perjuicio a su salud y, por último, que los adictos no pueden dejar de fumar aunque quieran. De hecho, la Junta destaca que las estadísticas dicen que al menos el 80% de los fumadores les gustaría dejar el tabaco y no puede.