El PP resolverá las 'pegas' del TSJ al palacio en el Benacantil para no ir al Supremo

El PP admitió ayer implícitamente que no ha tramitado correctamente el polémico expediente del palacio de congresos en el monte Benacantil de Alicante. Pero lo hizo por imperativo legal, después de conocer -un día antes que la parte recurrente (PSPV y EU) y sin que el auto estuviera redactado ni firmado- que los jueces han decidido mantener la suspensión cautelar de las obras.

Los populares prefieren acatar la paralización de las obras y resolver las 'pegas', es decir las deficiencias detectadas por los jueces en la tramitación del expediente, a recurrir la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano -que hoy se comunica oficialmente a las partes- ante el Supremo.

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, declaró ayer que las deficiencias detectadas por el TSJ son 'fácilmente subsanables' y las van 'a resolver lo más rápido posible'. El principal argumento de la Sala de lo Contencioso del TSJ para mantener la suspensión cautelar de las obras es que en el expediente del palacio de congresos no figura la delimitación del entorno de protección del Castillo de Santa Bárbara, fortaleza que corona el Benacantil. La Ley de Patrimonio obliga a establecer un perímetro de protección de todo Bien de Interés Cultural (BIC), como la fortaleza de Santa Bárbara.

El alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, encargó por decreto, hace dos meses, la realización del proyecto de delimitación del BIC a la arquitecto municipal de la vecina localidad de San Juan. Este proyecto no ha sido todavía presentado al Ayuntamiento.

No obstante, con anterioridad al encargo del alcalde, el arquitecto Santiago Varela, técnico del servicio territorial de Patrimonio de Alicante, ya redactó un proyecto de delimitación. Según el documento de Varela, el palacio de congresos que propugna el PP no se podría levantar en ese punto al estar el solar incluido en el entorno protegido. Según José Antonio Pina, portavoz del grupo municipal del PSPV, el proyecto de Varela sirvió de base a la arquitecto de los servicios territoriales de Cultura para iniciar el expediente de delimitación. Esta técnico llegó a tramitar el expediente a los servicios centrales de la consejería en Valencia. Pina sostiene que en ese momento el alcalde Alperi envió una carta al consejero Manuel Tarancón pidiéndole que suspendiera el mencionado expediente, contrario a la ubicación del palacio.El PP confía ahora en que el segundo proyecto de delimitación del castillo de Santa Bárbara, el que se está redactando a petición del alcalde Díaz Alperi, sí excluya esa zona del entorno protegido y, por ende, el palacio se pueda edificar en el Benacantil. Eduardo Zaplana aseguró ayer que ese proyecto está a punto de concluirse, por lo que sólo quedaría, explicó, su exposición pública y la aprobación por parte de la Generalitat. 'Un proceso rápido', remachó.

Antes de que los 18 miembros de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad estampen hoy su firma en la resolución sobre el contencioso del Benacantil, votada en sesión plenaria el pasado martes, y se notifique a las partes -pasando de borrador a documento definitivo-, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el Ayuntamiento de Alicante ya conocen el sentido de la votación: paralización de las obras, de manera temporal, hasta que se subsanen algunos inconvenientes que, según el propio Zaplana, ha encontrado el TSJ en la ejecución de las mismas.

La filtración, según fuentes del PP, partió de la propia Sala, y ha permitido a los populares anticiparse y preparar, al menos discursivamente, cuál será su actuación una vez le sea comunicado oficialmente, hoy, el contenido de la resolución.

José Antonio Pina, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, que junto al grupo de EU presentó recurso contra el proyecto de ejecución del palacio en el Benacantil, declinó ayer dar su postura sobre el auto del TSJ que ratifica la suspensión cautelar del proyecto y rechaza el recurso del Ayuntamiento y la Generalitat. 'Carecemos de una notificación oficial por parte del tribunal y, por tanto, preferimos esperar a conocer la resolución antes de pronunciarnos', afirmó.

No obstante, el portavoz del primer partido de la oposición resaltó que, de confirmarse que el TSJ basa el auto de suspensión en la ausencia del proyecto de delimitación del BIC, se está 'ante un claro ejemplo de desviación de poder por parte del PP'. 'Es evidente que el alcalde, al tener conocimiento de la existencia de un proyecto de delimitación contrario a sus interés utilizó su poder para paralizarlo y, a continuación, encargar la redacción de otro nuevo proyecto a su medida', añadió.

Por su parte, la concejal de EU, Camino Remiro, recibió con 'absoluta satisfacción' el fallo del TSJ, informa Cristina S. Ulloa. 'La sentencia supone un paso adelante en la protección del monte Benacantil y desacredita la obcecación del Partido Popular en la edificación del palacio de congresos en el monte'.

Mientras, el escritor y cronista oficial de la ciudad, Enrique Cerdán Tato, uno de los principales opositores a la ubicación del palacio en el monte Benacantil, acogió con entusiasmo la resolución del TSJ, cuyo fallo refleja 'una gran sensibilidad ciudadana por parte de los magistrados'. Cerdán Tato interpretó el auto como un triunfo de los 'principios democráticos frente a la obstinación de Alperi', y denunció la 'filtración privilegiada' del TSJ a Zaplana 'cuando aún no se había comunicado a las partes interesadas'.