La condena de PSV

El caso de PSV-la cooperativa de viviendas sociales de UGT- ha concluido judicialmente, casi ocho años después de que saliera a la luz, con la condena de Carlos Sotos, máximo responsable del proyecto, a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de apropiación indebida sin enriquecimiento personal. UGT, que puso especial interés en un proyecto que significaba la puesta en marcha de un modelo sindical de servicios, ha sido declarada responsable civil subsidiaria del pago de hasta un máximo de 13.000 millones en concepto de indemnización a los perjudicados.

De todo el lío creado por la crisis de PSV, en especial por su fuerte impacto en la buena fe de los 20.000 cooperativistas que creyeron en el proyecto, sólo quedaban por dilucidar sus posibles efectos penales. Los políticos y sociales hace tiempo que fueron amortizados. Los cooperativistas tienen hoy sus casas, si bien más caras que lo inicialmente convenido, y UGT resolvió el problema de la sucesión de su histórico líder, Nicolás Redondo, al que la crisis de un proyecto basado en la imagen y las siglas del sindicato afectó especialmente, aunque no tuviera responsabilidad directa en lo ocurrido.

La Audiencia Nacional, tras casi un año de juicio y cuatro meses aguardando la sentencia, ha determinado que la gestión de PSV tuvo también una dimensión delictiva. Siguiendo la doctrina sobre apropiación indebida desarrollada por el Supremo en la condena de Mario Conde por el caso Argentia Trust, ha estimado que Sotos cometió este delito, aunque no se lucrara personalmente, administrando como propios los fondos de la cooperativa y destinándolos a fines distintos de aquellos para los que fueron entregados. Los implicados siempre negaron que 'metieran la mano en la caja', y así ha quedado establecido en la sentencia. Por ello, la Audiencia absuelve a los otros imputados en la causa -cuatro ex directivos de IGS, gestora de PSV, y dos antiguos secretarios de finanzas de UGT-, pero estima que en el caso de Sotos la apropiación de fondos se produjo por el irregular e indiscriminado uso de los mismos, lo que dio al traste con el proyecto de viviendas sociales.

El antiguo gestor de PSV, que permaneció 13 meses en prisión preventiva al inicio del proceso, ha anunciado que recurrirá su condena. Pero aunque el Supremo revisara su doctrina sobre la apropiación indebida sin lucro personal, los hechos probados no cambiarían. La sentencia de la Audiencia confirma que el fiasco de PSV fue una mezcla de gestión disparatada y total ausencia de controles, aunque reconoce que tanto UGT como Sotos trataron de reparar en lo posible el desaguisado.