UGT tendrá que indemnizar a 20.000 afectados de la PSV

El ponente de la sentencia del caso PSV, Javier Gómez, considera probado que el único condenado, Carlos Sotos, cometió un delito de apropiación indebida continuado, con la atenuante de reparación de daño y 'ausencia de enriquecimiento patrimonial ilícito', por lo que le condena tan sólo a dos años, cuatro meses y un día de prisión menor. Sotos no tendrá que volver a la prisión, en la que permaneció 13 meses entre 1994 y 1995. Ante la insolvencia del condenado, la Audiencia condena al sindicato UGT a hacer frente a las posibles indemnizaciones.

Los otros seis acusados, el ex secretario de Finanzas de UGT, Paulino Barrabés -de 73 años-, Sebastián Reyna -que sustituyó a Barrabés en el sindicato y en IGS-PSV tras saltar el escándalo-, y los directivos de IGS-PSV Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aina y Primitivo Álvaro, resultan absueltos porque el tribunal tiene 'serias dudas' sobre su responsabilidad criminal.

El argumento central de la sentencia se resume en una frase: IGS-PSV quebró por 'el erróneo diseño del proyecto, la heterodoxa administración del mismo y la ausencia de recursos propios suficientes, que le lleva a un fuerte endeudamiento a corto plazo y a la dependencia total de su única fuente de ingresos, los cooperativistas', cuyas aportaciones, más de 70.000 millones, 'se destinaban a actividades ajenas a la actividad inmobiliaria de ámbito social, en la convicción de que los grandes beneficios que obtendría el grupo [IGS-PSV] posibilitarían tanto el proyecto inmobiliario cuanto el desarrollo de las demás ramas de negocio'.

El tribunal, compuesto además por los jueces Siro García y Manuela Fernández, no tiene dudas de que el sindicato UGT, impulsor del proyecto desde su mismo inicio, en 1988, debe hacer frente al perjuicio causado a los más de 20.000 cooperativistas que en 1994 sufrieron el hundimiento de PSV.

Esas indemnizaciones ascenderán como 'límite máximo' a 13.009 millones de pesetas: 9.940 millones por las promociones que desarrolló la cooperativa PSV y 3.069 millones por las que desarrolló la gestora IGS. Con esa cifra 'máxima', el sindicato deberá resarcir no sólo a los 5.960 cooperativistas que presentaron la querella, sino al conjunto de afectados.

La situación de éstos a la hora de reclamar no es homogénea. Hay dos grupos: los que se dieron de baja en la cooperativa a raíz de su hundimiento y recibieron el 75% del dinero que adelantaron, unos 7.000 según fuentes de la actual presidencia de IGS, y aquellos que continuaron en el proyecto y se vieron obligados a pagar un sobreprecio por su vivienda de alrededor del 7%, alrededor de 13.000 personas.

La sentencia no individualiza la indemnización porque es 'materialmente imposible' y difiere su cuantificación hasta la ejecución del fallo. Las fuentes jurídicas consultadas aseguraron ayer que, teniendo en cuenta los argumentos del tribunal y sobre todo que del sobreprecio que pagaron los cooperativistas se deben descontar los gastos de gestión, la indemnización final podría rondar entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas.

El actual administrador de PSV y presidente de IGS, designado por la Administración, Valeriano Gómez, va más lejos y asegura que, finalmente, 'las personas afectadas que no recibieron ni su dinero ni su piso son sólo 26, por lo que la indemnización final podría ascender, al final de todos los recursos anunciados por las partes, a unos 27 millones de pesetas'. La resolución final del caso podría durar entre tres y cinco años, ya que UGT y el abogado del condenado Sotos, Miguel Bajo, ya han anunciado sendos recursos al Tribunal Supremo. UGT manifestó su satisfacción por la absolución de los que fueron cargos destacados de la organización, Paulino Barrabés (un histórico del sindicato y del PSOE) y Sebastián Reyna, y destacó su intención de recurrir la sentencia que le obliga a hacerse cargo de las posibles indemnizaciones porque considera que su responsabilidad está cubierta. Cuando fracasó el proyecto, hace siete años, UGT aportó 10.200 millones de pesetas para facilitar la construcción de viviendas y se vio obligado a hipotecar todo su patrimonio para avalar los créditos.

El caso PSV ha supuesto un duro desgaste a la imagen del sindicato. El estallido del escándalo forzó la salida de la organización sindical, en abril de 1994, de Nicolás Redondo. En su declaración en la Audiencia Nacional, Redondo expresó su amargura en una frase al asegurar que durante la crisis del proyecto cooperativo se sintió 'abandonado'. Fue una referencia al enfrentamiento que entonces vivía UGT con el Gobierno socialista y que, en opinión de Redondo, fue una de las razones por las que quebró el proyecto.