Familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet ocupan la Embajada de España

Un grupo de cuatro dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos ocupó ayer durante unas horas de forma pacífica la Embajada de España en Chile para protestar ante la comunidad internacional por el fallo que sobreseyó temporalmente por demencia a Augusto Pinochet. Encabezados por el vicepresidente de la agrupación, Mario Silva, hijo de un ejecutado por la llamada caravana de la muerte, los ocupantes de la sede diplomática entregaron una carta a un funcionario y pidieron su envío a los Gobiernos de Bélgica, Suiza, Francia y a la ONU. La presidenta de la organización, Patricia Silva, explicó que Chile no cumplió su promesa ante el mundo de juzgar a Pinochet y que el fallo fue político y no jurídico.

Después de que la carta fuese enviada por fax, los ocupantes resolvieron desalojar la sede, dijo Silva, quien anunció que realizarán otras acciones para lograr que desde otros países se pida la extradicción de Pinochet. En el exterior del recinto, bajo una persistente lluvia, una quincena de miembros de la agrupación apoyaba la acción. En la Embajada no comentaron los hechos y pidieron a este diario consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.

Paralelamente, los abogados querellantes contra el ex dictador presentaron dos recursos para impugnar la resolución que le permite evitar el banquillo como encubridor de los 75 crímenes de la caravana de la muerte. Sostienen que al ex dictador se le aplicaron normas aún no vigentes en Santiago del Código de Procedimiento Penal. Un argumento similar planteó el jueves el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representa el interés estatal, al presentar un recurso de reposición ante la sexta sala de la Corte de Apelaciones para que revoque su propio fallo de sobreseimiento.