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Editorial:

Fármacos hospitalarios

El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1998 ha revelado grandes diferencias en el precio que pagan los diferentes hospitales del Insalud por los medicamentos. ¿Cómo es posible que algunos paguen hasta el doble que otros por el mismo medicamento? ¿Y que otros desembolsen precios superiores incluso a los de mercado?

La partida de farmacia hospitalaria ha venido soportando en los últimos años incrementos que oscilan entre el 13% y el 23%. No estamos hablando de una cifra menor. En el año que analiza el tribunal, creció en los hospitales públicos un 18% respecto al anterior y alcanzó 198.000 millones de pesetas, casi el 20% del total pagado ese año por la Seguridad Social en medicamentos. Sanidad no ha dado una explicación convincente de esas diferencias. La autonomía de gestión en la que supuestamente se amparan no debería estar reñida con la economía de escala. Y siendo como es el Insalud (y sus homónimos autonómicos) el cliente más importante, seguro y solvente de la industria farmacéutica, ¿no sería lógico exigir contraprestaciones? En un ámbito de la acción pública tan importante como el sanitario, en el que los recursos disponibles siempre están por debajo de las necesidades, el rigor en la gestión es un imperativo ético. Todo lo que ahora se malgasta en farmacia podría ser destinado a paliar alguna de las muchas carencias que todavía tiene el sistema nacional de salud.

El informe revela, además, que cada hospital aplica criterios y procedimientos distintos para decidir esta partida de su presupuesto, y que en algunos casos esos procedimientos no se ajustan a la Ley de Contrataciones del Estado para determinado volumen de gasto. La situación no sólo requiere una rápida intervención correctora, sino una investigación destinada a esclarecer si algunas de las diferencias de precio más escandalosas pudieran encubrir lucros ilegítimos.

La ministra Villalobos no ha dado, tampoco en este caso, una respuesta convincente. Aparte de hacer propósito de enmienda y prometer medidas para implantar compras centralizadas, se ha escudado en que se trata de una situación heredada de gobiernos anteriores. Cuando se lleva cinco años en el poder y se enfila el ecuador de la segunda legislatura, apelar a la herencia de administraciones previas suena a excusa de mal pagador; en este caso, de mal gestor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de julio de 2001