La Generalitat prevé multas de hasta 500 millones a las eléctricas que no eviten apagones

El Departamento de Industria del ejecutivo autonómico ha redactado dos decretos, que ahora se encuentran en fase de consulta y entrarán en vigor el próximo mes de septiembre. El primero expone los requisitos y condiciones para el suministro eléctrico, mientras que el segundo establece la obligatoriedad de reconocimientos periódicos en las instalaciones de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Entre estas condiciones, destaca que las compañías deberán efectuar revisiones de sus instalaciones -tanto las realizadas en empresas como las de los particulares-cada tres años, de un modo similar a las que se realizan actualmente en el caso de las instalaciones de gas. A partir de la publicación de los decretos, las compañías eléctricas estarán obligadas a facilitar a la Generalitat planes trienales en los que se especifiquen las inversiones de reposición previstas en estos periodos y su grado de cumplimiento, dicen las fuentes consultadas. En caso de que no se adapten a estas exigencias, las multas llegarían a los 500 millones de pesetas.

Las compañías ya conocen el contenido de los decretos de la Generalitat y argumentan, respecto a los apagones, que algunas de las interrupciones de los últimos tiempos se han debido a la falta de nuevas líneas, que no han sido trazadas a causa de los obstáculos interpuestos por los municipios. Endesa recuerda que la reciente multa de 100 milones de pesetas que le ha impuesto el Gobierno Balear llega tras más de diez años sin poder construir la línea de la Alcudia, 'para la que tantas veces hemos solicitado permisos y no nos los han concedido', señala un portavoz del grupo eléctrico. En el caso de Les Gavarres, en la Costa Brava, la compañía afirma que desde 1990 está discutiendo la instalación de una línea con alcaldes de la zona y colecticos ecologistas, convencidos de que el trazado rompería el equilibrio medioambiental.

Pero las empresas eléctricas están convencidas de que ha llegado el momento de pedir comprensión a los usuarios, sobre todo porque los promedios de corte de suministro son menores a diez horas al año, dicen medios del sector. Las compañías remarcan que la tarifa de particulares se ha reducido en un 17% en pocos años y que los españoles pagan un promedio de 170 pesetas al día por un suministro eléctrico continuado, si a la luz se le suman lavadoras, electrodomésticos de todo tipo, televisones y ordenadores durante las 24 horas.

La Generalitat considera que los nuevos trazados ayudarían a paliar los llamados microcortes-interrupciones del suministro de uno o varios minutos-, pero no quiere ir más lejos de la letra de los decretos para evitar inmiscuirse en la polémica sobre si los nuevos trazados deberían ser subterráneos por motivos de seguridad y equilibro medioambiental.

En Cataluna existen 75.000 kilómetros de redes eléctricas y soterrar sólo un 30% de este trazado exigiría una inversión de, al menos, medio billón de pesetas, una cifra que la Administración y las eléctricas ni se atreven a considerar.

Nueva etapa

Con los dos decretos, que regulan la calidad del servicio, el Gobierno de Jordi Pujol pone punto final a una luna de miel con las eléctricas que ha durado más de 20 años. En la última gran crisis financiera de Fecsa, en 1987, el mismo presidente de la Generalitat intervino en favor del grupo eléctrico que entonces nombró presidente a Luis Magaña, en sustitución de Juan Alegre Marcet.

Fecsa tuvo que gestionar su enorme deuda, fruto de la instalación de centrales nucleares y de la apreciación del dólar, y lo consiguió gracias en gran medida a las ayudas pactadas con el Gobierno y con la propia Generalitat.

En los años noventa, la compañía tuvo que cumplir sus promesas de inversión en nuevos equipos y redes de transporte, pero, aún así, fue culpada en numerosas ocasiones de haber sido la causante de incendios forestales, provocados, al parecer, por el deterioro de algunas de las líneas de transporte de electricidad. Así lo han denunciado en ocasiones algunos municipios y asociaciones de ecologistas.

Pese a estos factores, Pujol nunca movió un dedo contra los eléctricos y, además, fevoreció el desembarco de Endesa en el mapa catalán, donde en la actualidad controla la única distribuidora importante, Fecsa-Enher. Pujol dio su placet para el nombramiento de Juan Rosell -presidente de Fomento del Trabajo Nacional y vicepresidente dela CEOE-en la presidencia de Fecsa-Enher.

De hecho, la entrada de Rosell en la distribuidora, así como el nombramiento de Rafael Español (presidente de La Seda) en el consejo de Endesa fueron concretados tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado en 1996, entre los nacionalistas y el PP, conocido como el pacto del Majestic, que toma el nombre del hotel barcelonés donde se firmó.