La defensa de Arola intenta desacreditar a Albert asegurando que no estaba en las pruebas

Lluís Arola y el coordinador de las pruebas de acceso a la universidad de la URV, Joan Igual, se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación y una indemnización de 500.000 pesetas por daños morales a la profesora Josefina Albert. Unos dos centenares de personas acompañaron a Arola e Igual hasta las puertas del juzgado desde la Facultad de Letras de la URV, donde se concentraron. Los acusados entraron en la sala pasadas las 9.00 horas, arropados por los aplausos de los allí reunidos. La gran mayoría de quienes acompañaban al rector procesado lucía en la solapa un lazo granate, símbolo escogido por el comité de apoyo a Arola.

Mas-Colell justificó su presencia en Tarragona 'por el trasfondo lingüístico' de un juicio que, en su opinión, 'nunca tendría que haberse producido'. El titular de Universidades se mostró convencido de que 'el único resultado posible es la inocencia del rector y del coordinador de las pruebas'. El secretario general de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira, también presente, declaró: 'Parece que hayamos viajado a través del túnel del tiempo, esto es un espectáculo insólito que está pasando en un país del primer mundo'.

Entre los miembros de CiU destacaban el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Mariné, y el delegado de gobierno, César Puig. También acudieron la diputada Dolors Comas (IC) y el alcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. A última hora de la tarde acudió el consejero de Sanidad, Eduard Rius.

Crítica del fiscal jefe

El contraste con la otra parte, la denunciante, era total. Josefina Albert llegó a los juzgados acompañada de su abogado y un amigo. 'Éste no es un juicio contra el catalán, sino contra el rector, que es el único protagonista', dijo. 'Un juicio por prevaricación y no contra el uso de la lengua'.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, censuró la 'presión' que se ejerció ayer sobre la juez. Mena considera 'positiva la participación de los ciudadanos en la justicia dando acogimiento al acusado', pero cree 'desafortunado y preocupante que este apoyo pueda tener caracteres objetivos y aparentes de presión sobre la Administración de justicia'. Al fiscal, entonar 'un himno de todos como muestra de apoyo' al rector Arola le parece 'una cierta presión inconveniente'.

La vista oral en el juzgado número 2 de Tarragona se realizó básicamente en catalán. Tan sólo el abogado de Arola se expresó en castellano. La juez anunció que la sentencia sería dictada también en catalán. La defensa de Arola se centró, por un lado, en probar que había actuado legalmente cuando apartó a la profesora de las pruebas de selectividad y, por otro, en desacreditar a Albert, intentando demostrar que nada de lo que la profesora denunció había sucedido, ya que ésta no figuraba en la lista de quienes vigilaban las pruebas el día que ocurrieron los hechos.

El conflicto lingüístico no es nuevo para la URV. Recientemente, el TSJC anuló una buena parte de su reglamento de usos lingüísticos por discriminar el castellano. El juicio tenía que celebrarse el pasado 19 de abril, pero se suspendió cuando la juez suplente se inhibió tras notificar que se consideraba parte en el proceso por haber tramitado diligencias previas durante la instrucción. Arola e Igual han recibido muestras de apoyo de toda la comunidad universitaria. Sin embargo, desde la URV se ha expresado malestar por una falta de apoyo de la Generalitat. El Consejo Social definía la actuación del Gobierno catalán de 'poco clara, ambigua e incoherente', al considerar que 'no asumió la parte de responsabilidad que le corresponde como autora' de la normativa.En su testimonio, Arola aseguró que no se apartó de las pruebas de selectividad a la profesora Albert por haber denunciado al Defensor del Pueblo posibles irregularidades en los exámenes de junio de 1998, concretamente que el tribunal le había impedido entregar una copia del examen en castellano a un alumno. El rector explicó que Albert fue apartada de las pruebas por todo lo contrario, es decir, por no haber denunciado esas irregularidades a la propia universidad siguiendo los cauces establecidos para ello, lo cual impidió la actuación de la URV para averiguar lo sucedido.

Arola dijo ayer que se había enterado de las supuestas irregularidades a través del Defensor del Pueblo en diciembre de 1998, cuando éste le solicitó información sobre las quejas recibidas de Albert y de otro profesor, José María Fernández, según las cuales se pusieron trabas al reparto de exámenes en castellano. El rector reconoció que no se puso en contacto con los dos profesores para recabar información directamente porque ya conocía 'su queja a través del defensor'.

El momento culminante de la primera parte de la vista oral llegó a finales de la mañana, cuando la defensa trató de demostrar que Albert no estuvo presente en el examen en el que supuestamente ocurrieron los hechos y que, por tanto, todo lo denunciado no había sucedido. Igual dijo que el nombre de la profesora Albert no figura entre los vocales que el 22 de junio de 1998 vigilaron las pruebas de Geología, supuestamente el examen en el que sucedió el incidente. El nombre de la profesora sí figura como vocal en las pruebas del 19 de junio, concretamente las de catalán y castellano, dos asignaturas cuyo examen no podía generar problemas dado que se tienen que realizar en el idioma correspondiente.

La defensa presentó ayer las actas de la composición de los tribunales de las pruebas de acceso de 1998, y en ellas no figura Albert el día 22 como vocal en el examen de Geología. Albert mostró ayer dudas sobre que efectivamente fuera en el examen de Geología cuando sucedieron los hechos origen del conflicto y señaló que posiblemente fueran las pruebas de Filosofía. El año pasado la profesora hizo pública una memoria en la que recogía su versión y es allí donde se fija el examen de Geología como el punto conflictivo.

La versión de Albert

La docente dijo ayer que recordaba con seguridad que todo ocurrió el 19 de junio, es decir el primer día de las pruebas de selectividad, en concreto por la tarde, que es cuando se realizan las pruebas de las asignaturas optativas, aunque no recordaba cuál era la materia en concreto. De acuerdo con la versión de Albert, un alumno le pidió una copia de examen en castellano. Siguiendo el reglamento, la profesora acudió a la presidencia del tribunal, que le indicó que tradujera verbalmente al alumno la pregunta, hecho lo cual, éste insistió en disponer de una copia en castellano. De nuevo Albert acudió al tribunal y de nuevo éste se opuso. 'Que se vaya acostumbrando', asegura Albert que le dijeron. Finalmente, la profesora optó por hacer una fotocopia y entregársela al alumno en cuestión y a otro que aprovechó la oportunidad para pedir una copia. Posteriormente, Albert denunció los hechos al Defensor del Pueblo por considerar que no era pertinente hacerlo ante los mismos que ya se habían negado a escucharla.

En su declaración, Albert se ratificó ayer en todo lo que había declarado y añadió que el coordinador Juan Igual le dijo: 'No se lo des bajo ningún concepto. Explícale el contenido, porque se tienen que acostumbrar a hacerlo todo en catalán'. Cuando fue a quejarse al presidente del tribunal, éste le respondió, según Albert: 'Tenemos muchas presiones por arriba'. La docente aseguró no haber incumplido en ningún momento la normativa, ya que acudió a la presidencia del tribunal a dar cuenta del incidente. 'Si no consta en acta, desconozco por qué', añadió, 'yo no hacía las actas'. A la profesora no le cabe la menor duda de que se la excluyó de las pruebas de selectividad de 1999 por haber acudido al Defensor del Pueblo.

Albert recordó ayer las amenazas que ha recibido durante los últimos tiempos y la 'mala imagen' que de ella se ha dado, de lo que responsabilizó a Arola, 'puesto que él reconoció' haberla excluido 'cuando desempeñaba la presidencia de la comisión interuniversitaria de las pruebas de selectividad'.

El profesor Fernández, que también fue apartado de las pruebas, aunque luego no se sumó a la denuncia judicial, ratificó que Igual le había excluido de ellas por haber acudido al Defensor del Pueblo. 'Son cosas que se ventilan dentro de la universidad', le dijo Igual, declaró ayer el profesor.