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EDUCACIÓN

Absuelto el rector catalán que apartó a una profesora por repartir exámenes en castellano

La sentencia rechaza la tesis de que una profesora fuera apartada como represalia por haber repartido exámenes en castellano

La sentencia considera que los dos docentes actuaron conforme a la legalidad y rechaza la tesis de que la profesora Josefina Albert fuera apartada como represalia por haber repartido exámenes en castellano.

El rector de la URV, Lluis Arola, ha mostrado su satisfacción por la resolución judicial y ha recordado que "siempre confié en la Justicia, que ha probado que siempre actuamos legalmente y no cometimos ningún delito".

El fiscal había solicitado 8 años de inhabilitación de cargo público para Arola e Igual, que el día del juicio recibieron el apoyo de todos los rectores de las universidades catalanas y de todos los partidos políticos excepto del PP.

"Satisfacción"

La Generalitat ha expresado hoy sus satisfacción por la sentencia y ha lamentado que este juicio haya dado "una imagen falsa de conflictividad lingüística" en las universidades catalanas.

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El departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat ha hecho público un comunicado donde recuerda que en la última convocatoria de selectividad se desarrolló "con absoluta normalidad", lo que demuestra "la perfecta convivencia del catalán y el castellano en el acceso a la universidad".

En el juicio no se ha juzgado "ni la política lingüística universitaria ni el derecho de los alumnos a tener o a contestar los exámenes de selectividad en castellano, que siempre ha estado garantizado".

El diputado de ERC Josep Bergalló ha indicado que la sentencia "es muy positiva porque pone en evidencia de que no hubo ningún delito y, ante ella, no cabe más que felicitarnos todos por el desenlace del caso, y de forma muy especial trasladar la felicitación a quienes habían sido injustamente acusados, el rector Lluís Arola y el profesor Joan Igual".

"ERC desea reiterar, no obstante, -ha añadido Bergalló- que este juicio no tendría que haberse celebrado nunca, y también recordar que la política de normalización lingüística tiene en Cataluña un consenso suficientemente amplio como para que cualquier interferencia solo sea posible desde posiciones que lo único que pretenden es romper el consenso social".

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