Un mes desde la alarma checa hasta la retirada en España

La crisis del aceite de orujo de oliva refinado arrancó a finales de mayo. El detonante fue un aviso de la República Checa. Desde entonces transcurrió poco más de un mes hasta que se inmovilizó en España.

27 de mayo. El 27 de mayo, según fuentes cercanas a los hechos, el Gobierno español tuvo conocimiento de una alerta alimentaria en la República Checa, donde se había detectado una partida de aceite de orujo de oliva español con una concentración de benzopireno mayor de la permitida por la normativa de ese país extracomunitario. Varias fuentes del sector aceitero aseguran que la Embajada española en Praga fue la encargada de avisar a las autoridades de Madrid. Las muestras fueron enviadas a España, donde se amplía el foco de estudio.

22 de junio. Tras obtener resultados positivos en los análisis de las tres muestras procedentes de Praga y otras 10 españolas, el Ministerio de Agricultura inicia los contactos con científicos y el sector aceitero. El Ministerio de Sanidad, que encabeza Celia Villalobos, reanaliza por su cuenta las partidas.

29 de junio. El pasado viernes, Sanidad recibió los resultados de los análisis. En todas las muestras analizadas se detectó la presencia de benzopireno, una sustancia cancerígena. Ese mismo día el ministerio intentó llegar a un acuerdo con los fabricantes para que éstos retirasen todas las partidas en el plazo de un día. Los fabricantes se negaron.

30 de junio. Ese día se celebró el Consejo Interterritorial de Salud en Madrid. Villalobos no informó del tema a ninguno de los responsables autonómicos que participaron en la reunión.

2 de julio. El sector aceitero, que había mantenido dos encuentros en días anteriores con representantes de los Ministerios de Sanidad y Agricultura, se reunió con altos cargos del primero. Según las organizaciones que forman la Mesa del Aceite, en ese encuentro se acordó que el sector retirara de forma inmediata el aceite de orujo del mercado. El sector planeaba culminar la tarea en un plazo máximo de dos semanas.

3 de julio. Sanidad envió una orden a todos los responsables autonómicos de Salud por la que les instaba a la inmovilización de todas las partidas de aceite de orujo. Los gobiernos autónomos comenzaron la inmovilización cautelar, un proceso que culminará este fin de semana. El Ejecutivo vasco fue el primero en difundir la noticia, a mediodía. Sólo a las 18.30 la directora general de Salud Pública, Dolores Flores, informó públicamente de la inmovilización del aceite sospechoso.