España en América Latina

Durante la transición de la dictadura a la democracia, y especialmente en la década de los ochenta, se sentaron las bases de una presencia real, y no sólo retórica e histórica, de España en América Latina. El respaldo a la recuperación de las democracias en el Cono Sur, el activismo español en los procesos de paz y de democratización en Centroamérica, la creación y extensión de los programas de cooperación al desarrollo, fueron seguidos de la institucionalización de la concertación política de las relaciones multilaterales que tienen su mejor expresión en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos que se iniciaron en 1991.

El éxito de la recuperación económica española en la segunda mitad de los ochenta permitió preparar a muchas de nuestras empresas para competir con éxito en la adquisición de sectores económicos en proceso de privatización en muchos países de América Latina en la década de los noventa. Banca, telefonía, transporte, telecomunicaciones, energía, fueron algunas de las áreas en las que España pasó a tener participaciones mayoritarias y a prestar servicios en numerosas naciones de la región. En muchas de ellas España es hoy el primer o el segundo país inversor.

En términos generales, esta experiencia de coparticipación y colaboración en el desarrollo de América Latina ha sido positiva. Ha mejorado la calidad de la prestación de los servicios privatizados y las empresas han obtenido beneficios de su internacionalización, contribuyendo así a una mayor y mejor presencia de España en América Latina.

Sin embargo, se han producido algunas excepciones que por su carácter emblemáticamente negativo pueden dar al traste, no sólo con la imagen de determinadas empresas, sino con el prestigio y buen nombre de España. Acabo de estar en Buenos Aires, donde he representado al PSOE en la reunión del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista. Llegué y me encontré con un paro general convocado por algunos sindicatos de Aerolíneas Argentinas. Pero lo más grave, como se ha publicado ampliamente en la prensa, es que la virulencia de los manifestantes y las consignas que gritaban iban dirigidas contra España. Concentraciones de gran agresividad ante la Embajada de España en Buenos Aires, ataques a Iberia, Telefónica, Repsol y cuantas empresas e intereses españoles, que son muchos, pudieran visualizarse en Argentina. Afortunadamente, el sentimiento antiespañol no ha tomado cuerpo, por ahora, en la generalidad de la población, a pesar de la pasividad del Gobierno español, y pude comprobar que el español no es recibido con hostilidad, sino con afecto, por la mayoría de los argentinos.

Pero ¿qué ocurre con Aerolíneas Argentinas? Es una pregunta que aún no ha contestado el Gobierno español, propietario de la citada línea aérea a traves de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). ¿Cómo es posible que en los últimos seis años, por sólo referirnos a sus actuales gestores, no se haya encontrado una fórmula de viabilizar, sanear o vender una compañía de la importancia simbólica de Aerolíneas? ¿No se previó la explosión antiespañola que tarde o temprano se iba a producir ante el deterioro creciente de su situación económica, operativa y laboral? Sólo el coste que la imagen de España está teniendo en la República Argentina es infinitamente superior que lo que hubiera costado, hace tres, cuatro, cinco años reflotar o vender Aerolíneas.

De Buenos Aires viajé a Lima, y de nuevo en Perú encontré, latentes y larvados, elementos polémicos en relación con empresas españolas. Las tarifas de Telefónica, que controla la telefonía del país, y de Endesa, productora y distribuidora mayoritaria de la electricidad peruana, han sido objeto de fuertes ataques en la reciente campaña electoral. Mis interlocutores peruanos me dijeron que los organismos de control y regulación de tarifas habían hecho dejación de sus funciones en la dictadura fujimorista y las dos grandes multinacionales españolas se aprovecharon para abusar descaradamente de las tarifas, creando algo más que malestar en los usuarios peruanos.

Pero lo que es más grave, Telefónica está siendo investigada por una comisión por su presunta complicidad o tolerancia con Fujimori-Montesinos en la gigantesca operación de escuchas telefónicas ilegales montada por estos dos siniestros personajes desde 1992 a 2000. Por si fuera poco, aún me llegaron voces descontentas con el apoyo que el presidente Aznar prestó a Fujimori cuando éste ganara fraudulentamente las elecciones en 2000. Para colmo, en la toma de posesión de éste, 28 de julio de 2000, España estuvo representada por el vicepresidente del Gobierno señor Rajoy, mientras que el resto de los países de la Unión Europea se hizo representar sólo por sus embajadores en Lima.

El Perú sigue inmerso en el descubrimiento diario de nuevas pruebas del inmenso entramado de corrupción, sobornos, amenazas y chantajes organizados por Montesinos, que había convertido al país en un narcoestado, cuyo desmontaje será uno de los trabajos más arduos de la nueva Administración democrática. El nuevo presidente, Alejandro Toledo, con quien tuve la oportunidad de entrevistarme, está en la mejor voluntad de reestablecer las buenas relaciones con España y olvidar el desliz de Aznar. Consideré oportuno aclararle que la opinión pública y los medios de comunicación españoles, casi sin excepción, nunca tuvieron duda sobre la naturaleza perversa de la pareja Fujimori-Montesinos y vieron la lucha democrática que él emprendió en 2000, la gran ocasión para la pronta recuperación de las libertades. Afortunadamente no hizo caso a Aznar, que le recomendó hace un año aceptar la falsa victoria de Fujimori, tener paciencia y esperar al año 2005.

En cuanto a las empresas españolas, deberían aprender, después de las experiencias de Argentina y Perú, que tienen que actuar pensando en el largo plazo, en hacer compatible el beneficio con el desarrollo de los pueblos en los que operan. Que tienen que conocer mejor la idiosincrasia, las costumbres y los hábitos de los países en los que están trabajando. Que deben descartar toda connivencia, complicidad o beneplácito con los regímenes que violan gravemente los derechos humanos, porque pagarán tarde o temprano un alto precio. Que en lo que podríamos llamar su 'código ético' deben incluir el respeto a las reglas del Estado de Derecho. En Perú no siempre ha sido así en los últimos nueve años, y ojalá que ello no ponga en peligro su futura presencia en el país andino.

Luis Yáñez-Barnuevo es diputado socialista por Sevilla.