La patronal y dos sindicatos acusan al Gobierno de querer controlar Hobetuz

El difícil equilibrio en Hobetuz, la fundación vasca que se encarga de la formación continua de los trabajadores, se ha vuelto a romper y la convocatoria de los cursos de este año se encuentra en peligro. El patronato de Hobetuz descansa sobre tres patas (patronal, sindicatos y Gobierno vasco) y sólo un acuerdo de las tres puede hacer viable una nueva convocatoria. El Gobierno anunció sus intenciones el pasado jueves por medio de una nota de prensa, lo que ha roto el equilibrio y ha llevado a los dos sindicatos no nacionalistas (CC OO y UGT) y a la patronal Confebask a acusar al Ejecutivo de querer imponer sus criterios por el mero hecho de aportar 1.350 millones de pesetas (8,11 millones de euros) de los 4.000 millones (24,04 millones de euros) con que cuenta la fundación.

La patronal vasca, que ocupa la presidencia de turno de la fundación, ha tratado durante los últimos meses de lograr un acuerdo de mínimos entre las partes a través de negociaciones bilaterales.

De hecho, José Luis García Bengoa, el representante de Confebask en la fundación, asegura haber logrado un entendimiento entre todas las partes, salvo los dos sindicatos nacionalistas, ELA y LAB.

Este acuerdo, que recoge gran parte de las propuestas hechas por el Ejecutivo (el apoyo a la formación individual, ligada al catálogo modular vasco, la formación en prevención de riesgos laborales o los planes de empresa), saltó el pasado jueves por los aires.

El Departamento de Trabajo, cuyo consejero en funciones es Sabin Intxaurraga (EA), acusó en una comunicado oficial a Comisiones Obreras, UGT y Confebask de la falta de fondos que padece Hobetuz y les conminó a cumplir un reglamento de la Unión Europea que busca evitar que la formación continua se convierta en una simple aportación de subvenciones.

Estas acusaciones, que no fueron planteadas en la reunión que el patronato de Hobetuz mantuvo precisamente el día anterior, hicieron que los sindicatos no nacionalistas y la patronal hablaran de 'falta de respeto' a la institución y de deseo del Gabinete de imponer sus propios criterios. 'Han tirado por la borda todo lo avanzado. No me parece serio después de seis meses de negociación', asegura Felipe García, representante de la UGT.

El Gobierno dijo que presentará su propuesta en la próxima reunión del patronato, convocada para el 11 de julio. Sin embargo, García Bengoa, dada la situación precaria en la que se encuentra la fundación, intentará adelantar la fecha de la misma.

Carencia de fondos Tanto Confebask como Comisiones Obreras y UGT consideran una excusa absurda la invocación a un reglamento europeo. Los tres grupos aseguran que nadie ha pensado jamás en no cumplirlo. Al mismo tiempo, recuerda García que la fundación estatal que se encarga de la formación continua, la sustituta de la antigua Forcem, ha alcanzado un acuerdo cumpliendo, 'como es lógico', la legislación.

Sobre la nueva convocatoria de cursos descansa la falta de fondos en comparación con los recibidos en el año 1999. Ni el pasado año ni este año la fundación vasca ha obtenido dinero procedente de los Presupuestos Generales del Estado, lo que sí se logró en 1999: 3.500 millones de pesetas (21,04 millones de euros) gracias a un acuerdo extraordinario de financiación firmado por las administraciones central y vasca. Este acuerdo político no se renovó, pese a las peticiones en ese sentido hechas por el Ejecutivo vasco, que llegó a amenazar con ir a los tribunales, por la ruptura de relaciones el año pasado entre los dos gobiernos y los partidos que los mantienen.

Los fondos que recibe actualmente Hobetuz se reparten de la siguiente forma: 1.000 millones de pesetas del Fondo Social Europeo, otros 1.350 millones del Gobierno vasco y 1.581 millones procedentes de los acuerdos de la comisión tripartita estatal de formación continua, compuesta por la patronal CEOE, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, y el Ministerio de Trabajo.

El Departamento de Trabajo considera que esta última cantidad es insuficiente, ya que los trabajadores y empresas vascas pagan por las cuotas de formación al Inem un total de 6.250 millones de pesetas. 'El Gobierno aporta 1.000 millones y se cree con el derecho a imponer sus condiciones. No puede ser. Es una fundación tripartita y el resultado debe ser el fruto del consenso de las tres patas', asegura José Luis García Bengoa.

Marco legal Frente a las acusaciones del Gobierno vasco a los sindicatos no nacionalistas y a la patronal por la no llegada de fondos de la comisión tripartita, los interpelados responden que éste es el actual marco legal y que su cambio o la asunción por parte del Ejecutivo de nuevas competencias es sólo responsabilidad de éste y de su negociación con la Administración central.

En medio de esta polémica descansan dos interrogantes: ¿Va a continuar Sabin Intxaurraga al frente del Departamento de Trabajo en el nuevo Gabinete de Juan José Ibarretxe? ¿Por qué este departamento ha atacado a UGT, Comisiones Obreras y Confebask, con los que mantenía un acuerdo de mínimos, y no ha dicho nada sobre LAB y ELA, las dos centrales nacionalistas con las que mantenía una discrepancia hasta esta misma semana? La respuesta es incierta.

Lo único claro es que los dos sindicatos nacionalistas han guardado silencio en esta polémica y que la postura que han mantenido en los últimos meses ha sido clara: quieren dos convocatorias de formación, una con los fondos que llegan de Madrid y otra con los propios del País Vasco.