Abolición universal

Que Estados Unidos, la potencia planetaria de nuestros días y modelo en muchos aspectos de su forma de vida, mantenga la pena de muerte representa un obstáculo para que esta práctica inhumana, que transforma al Estado en criminal, desaparezca definitivamente en el mundo entero. No es extraño que el primer congreso mundial contra la pena de muerte, reunido en Estrasburgo, haya enfilado especialmente sus críticas hacia la rémora que constituye EE UU en la batalla por la abolición universal de la pena capital.

Sobre la ilegitimidad e inutilidad de la pena de muerte se ha dicho y escrito ya todo. En especial, sobre su presunto carácter de acto de justicia, encubridor, en la realidad, de un acto de venganza. Es cierto que el mapa de la pena de muerte se ha reducido sustancialmente en el último siglo. En ese tiempo, los países que la han abolido han pasado de tres a 108; Europa entera figura como una zona totalmente liberada de la pena capital (excepto en el País Vasco, donde la aplican los terroristas). Pero un total de 1.500 personas en 64 países han sido ejecutadas el año pasado: fusiladas, ahorcadas, electrocutadas. En lo que va de año, se ha aplicado a un millar de ciudadanos chinos.

Frente a esta realidad, el congreso de Estrasburgo ha propuesto una campaña a favor de una moratoria de las ejecuciones pendientes en los países no abolicionistas (unas 3.700) y el rechazo europeo de las extradiciones a EE UU. Pero tal vez lo más importante del congreso sea la conclusión de que la desaparición de la pena de muerte no es fruto de una evolución natural de las sociedades ni de un mayor grado de civilización, sino el resultado de una potente y continuada voluntad política en contra de su vigencia y aplicación.

Nada evolucionará en EE UU si su sociedad no se manifiesta más clara y firmemente que hasta ahora contra la pena capital. Sólo el esfuerzo político y la movilización social harán posible que un día, es de esperar que no lejano, la abolición de la pena de muerte alcance al mundo entero, haciéndose por primera vez realmente universal. La cita de Estrasburgo debe ser el principio del final esperado de una práctica que ninguna sociedad democrática de nuestros días puede justificar como respuesta al crimen por parte del Estado.