El Tribunal de Cuentas dirime si enjuicia a Piqué y otros ministros por la deuda a Ercros

Según fuentes del Tribunal de Cuentas, la mayoría de la Sala de Justicia se inclina por ratificar su posición a favor de admitir a trámite la acción popular. Un criterio que fue unánime en esa sala el pasado mayo, cuando revocó la decisión del consejero de Enjuiciamiento, Antonio de la Rosa, de no admitir a trámite la acción popular presentada por varios diputados socialistas en junio de 1999. La Sala de Justicia está presidida por Paulino Martín, elegido en su día consejero a propuesta del PSOE; por Antonio del Cacho, promovido por el PP, y Miguel Álvarez Bonald, elegido por consenso de populares y socialistas.

La decisión que tomen pondrá punto final a un larguísimo trámite procedimental, que ha durado dos años, derivado del rechazo del consejero Antonio de la Rosa a admitir siquiera a trámite la acción popular sobre Rato, Piqué y Arenas, entre otros, por la condonación de un crédito de 8.500 millones a Ercros.

Pagó el Estado

La acción popular promovida por parlamentarios socialistas se fundamenta en el posible perjuicio para el tesoro público derivado de un acuerdo tomado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el 4 de octubre de 1998 en relación con Ercros y en la que participaron Rodrigo Rato, Josep Piqué y Javier Arenas, entre otros. En enero de 1999, al hilo de la polémica por su presunta intervención, ya como ministro de Industria, en el perdón de 7.400 millones al grupo que dirigió, Piqué declaró en el Congreso: "Desde junio de 1996, nunca más he participado en ninguna discusión de la Comisión Delegada respecto al problema de Ercros". En respuesta escrita también al Congreso, el entonces secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José María Michavila, explicó que Piqué asistió a una reunión de esa comisión en julio de 1997 sobre el asunto.

Aquella comisión dio instrucciones al Instituto de Crédito Oficial para condonar a Ercros el importe de un crédito participativo por importe de 8.500 millones de pesetas que el ICO le concedió por acuerdo de esa misma Comisión Delegada pero bajo mandato socialista. A juicio del PP, lo que hizo la Comisión Delegada fue rescatar un crédito que no podía ser pagado. El perjuicio denunciado por la acción popular consiste en que el ICO cobró del tesoro público los 8.500 millones de crédito condonados a Ercros.

Esa acción popular fue admitida en primera instancia pero luego inadmitida, en junio de 2000, por el consejero Antonio de la Rosa, elegido a propuesta del PP y concuñado de Rodrigo Rato. Para ese momento, varios diputados del PP habían presentado a su vez una acción popular en el mismo tribunal, contra los ex ministros Carlos Solchaga y Pedro Solbes y otros integrantes de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la etapa socialista. En ella, planteaban posibles responsabilidades contables por los créditos concedidos a Ercros en 1993 y 1994.

El consejero de Enjuiciamiento inadmitió también a trámite esa iniciativa, en una decisión que dentro del tribunal fue interpretada por algunas fuentes como un intento de mostrar igual trato al PP y al PSOE. No obstante, técnicos de ese organismo precisaron que la acción popular de los diputados del PP fue presentada cuando ya habían prescrito las posibles responsabilidades.

En septiembre de 2000, los diputados socialistas presentaron un recurso de apelación. Aún con la opinión en contra del fiscal y de la abogada del Estado, la Sala de Justicia acordó por unanimidad el pasado 7 de mayo admitir a trámite la acción popular socialista. En su auto afirmó que la inadmisión a trámite de esa acción popular había producido "una vulneración patente del derecho a la tutela judicial efectiva". Esa misma sala decidió al día siguiente admitir también a trámite la acción popular de diputados del PP contra la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que decidió sobre créditos a Ercros en la etapa socialista.