Juez y parte

Piqué, Aznar y su partido se están comportando como juez y parte respecto a los problemas del primero en relación con el caso Ercros. El ministro ha dicho que tiene la conciencia tranquila y que, si tuviera alguna duda sobre su comportamiento como directivo de esa empresa, ya habría dimitido. Es una opinión de parte, de escaso valor probatorio, porque la subjetiva conciencia de cada cual nunca será un juez objetivo. Aznar ha dicho que en caso de imputación de Piqué esperará a ver si esa decisión está fundamentada antes de tomar cualquier decisión. Se supone que si es imputado será porque existen indicios suficientes de delito y, en todo caso, no es el presidente del Gobierno la instancia adecuada para dilucidar lo bien o mal fundamentado de la decisión. El portavoz del PP, el inefable Rafael Hernando, ha declarado que Piqué ya fue investigado internamente por ese partido, sin encontrar motivos para reprocharle nada. Mejor para él, pero tampoco parece que se trate de un tribunal neutral.

Desde el 1 de julio, Piqué, como ministro de Exteriores del país que presidirá la UE en el primer semestre de 2002, formará parte de la troika que estará al frente de la Unión. Se comprende la preocupación del Gobierno ante la hipótesis de un ministro que deba abordar esa responsabilidad acosado por la evolución de una investigación judicial. De ahí los esfuerzos algo voluntaristas por apartar ese cáliz como sea. Es difícil, sin embargo, que la opinión pública no vea con sospecha el barroco comportamiento del fiscal general tratando de encontrar alguna instancia que avale su oposición a la decisión del fiscal del caso de llamar a declarar al ministro en condición de imputado. De momento, los fiscales de la Sala de lo Penal han avalado esa decisión por 10 a dos. Si no es para dilatar, obstruir, esquivar, ¿qué sentido tienen estas iniciativas del fiscal general, al que se le puede añadir, cada vez con más motivos, el complemento 'del Gobierno', en vez 'del Estado'?

El ministro ha reiterado que desea declarar cuanto antes. Puede solicitar hacerlo voluntariamente, renunciando al trámite de suplicatorio. Sería lo mejor para acelerar el procedimiento. Pero si todavía no ha sido llamado a declarar, a diferencia de todos los demás miembros del núcleo directivo de Ercros, ha sido precisamente por su condición de aforado, lo que desautoriza otro de los argumentos del PP: el de que se trata de un asunto privado, sin relación con su cargo público. Lo injusto habría sido que se le hubiera investigado por ser ministro; eso sí que sería un comportamiento inquisitorial. Pero ha ocurrido lo contrario: su aforamiento explica que sea el único directivo que aún no ha declarado.

Tampoco tiene mucha lógica el argumento de que son hechos del pasado. Lo son, pero la investigación judicial es actual. Y la diferencia entre asunto privado y público resulta equívoca, en particular cuando se la invoca para distinguirla de los escándalos del periodo socialista. ¿Sería menos aplicable el código ético a alguien que se hubiera embolsado una comisión ilegal, por ejemplo, que quien la hubiera utilizado para la financiación ilegal de su partido? Demasiados sinsentidos para una defensa -la de Piqué- que cada vez aparece más numantina.