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EE UU evaluará y penalizará a los centros que obtengan los peores resultados

El Senado norteamericano aprueba una reforma educativa que inicialmente aumenta la financiación de los centros públicos más rezagados, que tendrán tres años para mejorar

El Senado de EE UU ha aprobado un novedoso proyecto educativo por el que procederá a evaluar a los centros públicos. Si no obtienen unos resultados mínimos en un plazo de tres años, los colegios serán penalizados con la retirada de la financiación federal y se les obligará a renovar su profesorado y su plan académico.

Estados Unidos va a cambiar radicalmente la enseñanza pública evaluando cada año a los colegios y penalizando a los que incumplan una serie de metas. La reforma del sistema educativo impulsada por el presidente George W. Bush es la mayor realizada a escala nacional desde el año 1965 y pretende beneficiar sobre todo a los niños económicamente desfavorecidos y a los que necesitan educación especial. Es el fin del sistema benevolente e ineficaz y el inicio de una nueva era en la que maestros y alumnos tienen que rendir cuentas.

La nueva normativa da primero la oportunidad de mejorar a los colegios rezagados, otorgándoles más dinero, pero si al cabo de un tiempo no progresan, entra en marcha el plan de disciplina. A los tres años de 'suspender' les retiran los fondos federales y les obligan a renovar tanto el profesorado como el plan académico, al mismo tiempo que a los alumnos les ofrecen la opción de cambiar de colegio o usar los subsidios federales para pagar tutores privados. Los centros que sigan sin prosperar después de cinco años pasarán a manos del Estado, que o bien se hará cargo de la dirección o se la entregará a una empresa privada.

Lo que Bush y el Congreso pretenden es acabar con el llamado plan de 'ascensos sociales', que hasta ahora ha permitido que los estudiantes avanzaran de curso, aunque no dieran la talla, sólo con el fin de que siguieran con sus mismos compañeros y no se sintieran acomplejados. Según datos del Departamento Federal de Educación, desde 1983 más de diez millones de estudiantes han llegado al duodécimo grado (con 17 a 18 años) sin tener un nivel básico de lectura.

Ese retraso que ha sido en muchas ocasiones el hazmerreír internacional del sistema educativo norteamericano ya no se va a tolerar, según la legislación aprobada a finales de la semana pasada por ambas cámaras del Congreso, secundando la propuesta de la Casa Blanca. Los alumnos deberán pasar obligatoriamente un examen anual de lectura y matemáticas, que son las dos áreas en las que se centra la reforma de la enseñanza elemental y secundaria, para niños de 8 a 13 años.

Poder leer a los ocho años

Poder leer a los ocho años. El objetivo es que todos los escolares sean capaces de leer al finalizar el tercer grado, a los ocho años. Sólo para fomentar la lectura, EE UU ha destinado de momento un presupuesto de 1.000 millones de dólares al año (unos 200.000 millones de pesetas) durante el próximo lustro.

Pero a la reforma, celebrada a bombo y platillo en Washington, ya le han empezado a salir pegas. La primera es diseñar un método uniforme de evaluación, o al menos uno que sea equiparable, para poder medir el progreso de los colegios de una forma justa. Políticos, docentes y observadores coinciden en que es una tarea ímproba en un país de casi 300 millones de habitantes en el que la educación es una competencia de los Estados.

El presidente de la Asociación Nacional de Educación, Robert Chase, señaló durante un debate en el canal de televisión pública (PBS): 'Ese es el quid de la cuestión. Es importante confeccionar cuidadosamente el test de evaluación, no sea que acabemos creando una situación peor que la actual'.

Cada uno de los 50 Estados confeccionará su propio examen siguiendo las directrices del gobierno federal. Los colegios los usarán después para evaluarse autocomparándose con otros centros de su área y de su Estado (report card).

Lo que sobra es tiempo para corregir los defectos del nuevo plan de enseñanza porque no está previsto que se materialice hasta 2005. Es una apuesta a muy largo plazo, señalan los críticos, incluido uno de los padres de la criatura, Chester Finn, que participó en el proyecto de ley original de Bush. 'No se van a ver los efectos hasta dentro de diez o quince años, porque una vez que entre en vigor hay que esperar a ver los resultados de los colegios y darles tiempo a que los corrijan, etcétera', subrayó Finn, presidente de Fordham Foundation.

Compromiso bipartidista

El otro escollo es el dinero. La ley está aprobada, pero hay que financiarla, y es un proyecto costoso en cuyo precio no se ponen de acuerdo las tres partes responsables. El Senado quiere destinar en el presupuesto del próximo año 33.000 millones de dólares; la Cámara baja, 24.000 millones, y Bush, sólo 19.000 millones, a pesar de su insistencia en que la educación es su prioridad de gobierno. La cifra final se sabrá una vez que el Congreso haya reconciliado las propuestas y Bush sancione la ley, proceso que, dependiendo del tira y afloja político, puede durar un mes o incluso saltar al calendario legislativo del año que viene.

Sea cual sea el aumento, será parte de un plan más amplio a largo plazo que destina 48.000 millones de dólares (más de 8,8 billones de pesetas) a mejorar la educación escolar a lo largo de esta década.

Un gran impacto social

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de junio de 2001

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