Una necesaria prudencia con la ley universitaria

En estos momentos creo que el Gobierno Central debe de tener ya muy claro que el texto de anteproyecto de Ley Orgánica de Universidad ha sido recibido muy negativamente por la inmensa mayoría de la comunidad universitaria. Desde que se tuvo conocimiento del mismo (el 7 de mayo pasado) se ha producido un auténtico alud de manifestaciones en contra, todas ellas muy contundentes: diferentes colectivos de rectores, juntas de gobierno y claustros universitarios, asociaciones y asambleas de estudiantes, sindicatos y partidos políticos con la excepción del PP.

Se han producido también algunas manifestaciones en la calle, en el sentido de clara oposición al anteproyecto. De especial significación es el pronunciamiento unánime de la Conferencia del Consell Interuniversitari de Catalunya, presidido por el Consejero de Universidades e Investigación y del que forman parte los rectores, presidentes de Consejo Social, representantes de los estudiantes y personalidades del mundo educativo, que insiste, entre otras cosas, en la necesidad de más tiempo de reflexión y de que la ley tenga auténtico carácter de Ley de Bases.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas dio a conocer el día 21 de mayo un extenso y meditado comunicado en el que, a pesar de su contenido extremadamente crítico, se ofrecía la colaboración de la Asociación de la Universidades Españolas para tratar de alcanzar acuerdos sobre el contenido de la ley. La reunión del 1 de junio reiteró los contenidos del texto dado a conocer el 21 e hizo una serie de propuestas sobre órganos de gobierno, como primera cuestión sobre la que buscar el consenso, ya que la propuesta del Ministerio de Educación lesiona la autonomía universitaria, pieza clave de la institución y elemento indispensable para que la universidad pueda cumplir adecuadamente el servicio público de formación superior e investigación sin injerencias ilegítimas de los partidos políticos.

Como la universidad es ya, de lejos, la institución pública que da más cuentas públicas de su gestión, y sus miembros realizan una continua autocrítica, no insistiré en que el binomio autonomía-responsabilidad es asumido por la universidad pública española y que en lo que se refiere a la rendición de cuentas no va a haber inconveniente en insistir en ello, con la esperanza de que también en este campo la acción pedagógica de la universidad se extienda a otros ámbitos que reciben financiación que proviene de los impuestos pagados por empresas y ciudadanos.

Las diferentes tomas de posición respecto del borrador de anteproyecto tienen bastantes puntos de coincidencia. Concluyen en que ésta no es la ley que necesita la universidad española para hacer frente a las nuevas demandas sociales. En un nuevo contexto, de fuertes transformaciones sociales y económicas, cada día más mundializado, la universidad está llamada a dar las nuevas respuestas éticas, a no quedar a merced de unas fuerzas de mercado ebrias de codicia, a crear nuevos conocimientos, a formar ciudadanos libres y solidarios, a la vez que capacitados para un mundo laboral, que en gran medida desconocemos cómo será.

Pensar que es posible dictar una norma que regule hasta los detalles más nimios del funcionamiento de la universidad, que incluso pone en una ley orgánica la mecánica de unos ejercicios de concurso-oposición (aunque el texto los defina como 'habilitación'), cuando lo que se requiere es flexibilidad y diversidad, no sólo es contrario a la lógica de la situación, sino seguramente inútil en el país que alumbró la novela picaresca.

El texto presentado, es, además, contradictorio con la afirmación que hizo la ministra Del Castillo ante el CU de que se trataba de una ley de mínimos y también lo es respecto del documento suscrito por ella misma, o su representante, en Praga, referente a la participación de los estudiantes en la vida universitaria (www.eu2001.se/eu2001).

Las últimas manifestaciones conocidas de la ministra son las de, en todo caso, aprobar el proyecto de ley antes de agosto, de forma que se prevé una rápida tramitación parlamentaria en el último trimestre del año. Desde luego, con esta ley no creo que deslumbremos a Europa, muchos de cuyos países han renovado sus leyes para ir construyendo el Espacio Europeo de Educación Superior (el anteproyecto no hace ningún movimiento en ese sentido), ya que le corresponde a España la presidencia durante el primer semestre de 2002.

Las tomas de posición antes señaladas hacen previsible que, si no se abre un proceso de diálogo con tiempo, forma y talantes suficientes, nos podamos encontrar al inicio del próximo curso con una situación muy difícil. Que todavía será de peor solución si el proyecto ya está en el Parlamento y sigue contando con el rechazo de la práctica totalidad de la comunidad universitaria. Puesto que lo que tenemos entre manos es un borrador de anteproyecto ¿por qué no tomar el tiempo necesario para encontrar un texto sobre el que no haya la sensación de que va contra la universidad pública?

Recientemente ha sido presentado un pacto por la justicia que seguramente es un ejemplo a tener en mucha consideración. Se ha conseguido un acuerdo entre la gran parte de los sectores implicados y, además, nace con un compromiso paralelo de financiación, algo totalmente ausente del texto universitario.

Quiero recordar que el gasto total, en docencia y en investigación es insuficiente (y con tendencia a la baja, como porcentaje del PIB) y que el sistema de ayudas al estudio es el segundo peor de la Unión Europea. ¿No merece la educación en general y la educación superior y la investigación, funciones inseparables de la universidad, un acuerdo semejante?

Carles Solà es rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.