La complicada moratoria

La proposición de ley impulsada por los promotores de la ILP establece toda una serie de medidas que tienen como objetivo ordenar y proteger la huerta de Valencia, fomentar la actividad agrícola tradicional y crear un marco jurídico adecuado con órganos que velen por la vigilancia y cumplimiento de las metas fijadas. Sin embargo, el punto más polémico de la proposición de ley es la inclusión de una petición de moratoria que impida la realización de actuaciones urbanísticas que permitan nuevas calificaciones de suelo urbanizable en el área metropolitanta de Valencia por un periodo de dos años. El plazo establecido en el texto de la ILP para que se presente un proyecto de ley de Declaración de la huerta como espacio protegido y se constituyan los instrumentos de ordenación y protección. Esta moratoria afectaría también a los terrenos previstos para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia.

El problema de la moratoria de dos años, que paralizaría la revisión de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) de los municipios del área metropolitana y la reclasificación de suelos a urbanizables, es difícil de asumir por la mayoría de partidos políticos, especialmente por populares y socialistas. La razón estriba en la obtención de ingresos que obtienen los ayuntamientos, especialmente los del área metropolitana, a a través de la creación de nuevas áreas residenciales e industriales. Unos ingresos a los que no están dispuestos a renunciar y sobre los que existe una competencia entre municipios feroz.