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Editorial:

Aerolíneas

La situación derivada de la aguda crisis de Aerolíneas Argentinas se ha convertido en un problema de orden público de consecuencias difíciles de prever dado el grado de crispación. Los trabajadores más exaltados de la línea de bandera argentina, participada en un 91,2% por el grupo público español SEPI, han convertido el aeropuerto bonaerense de Ezeiza en tierra de nadie. Las condiciones de seguridad en Ezeiza son tan deficientes que la compañía estadounidense American Airlines ha cancelado sus vuelos desde EE UU en tanto persista la situación, y las tripulaciones de Iberia, que se sienten amenazadas, piden que se reinstaure el orden.

En este contexto ha viajado a Madrid el titular argentino de Infraestructuras, enviado por el presidente Fernando de la Rúa. Carlos Bastos se ha entrevistado con los ministros Piqué y Montoro en un nuevo intento de desbloquear una crisis económico-política que puede acabar no sólo con Aerolíneas (7.000 empleados), una compañía con connotaciones emotivas en el país latinoamericano, sino dañar también seriamente las consolidadas relaciones entre España y Argentina. El Gobierno español reitera que no enterrará más dinero en la compañía aérea, que acumula deudas cercanas a los 180.000 millones de pesetas, y que cualquier salida al conflicto pasa por la aceptación del plan director, que prevé un ajuste drástico de gastos y reducción de empleo. En 10 años, Iberia y la SEPI han destinado, aunque con poco acierto, 375.000 millones de los contribuyentes españoles a Aerolíneas. Al margen de la salida económica que se dé a la crisis, el Gobierno argentino tiene la imperiosa necesidad de restablecer la seguridad en el aeropuerto de Ezeiza y reconducir una situación de la que se aprovechan los demagogos, que han convertido el caso en un pretexto para fomentar un nacionalismo barato que sufren las demás empresas españolas instaladas en Argentina.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de junio de 2001