La seguridad, ¿una cuestión policial?

Nos lo indica la última encuesta de victimización y nos lo corroboran las cifras diarias que manejan los cuerpos policiales, la fiscalía y la judicatura: de 1998 a la actualidad asistimos a un repunte al alza de la victimización. El índice actual -un 16,4% de los ciudadanos dice haber sido víctima de un hecho delictivo- no es comparable a las cifras de mediados de los ochenta -se había llegado al 26%-, pero lo que resulta relevante es la tendencia y la constatación de que los ciudadanos consideren la seguridad una de las cuestiones más preocupantes.

Hasta aquí el análisis de la realidad. Sin embargo, cuando se entra en el diagnóstico del problema existe una tesis fuertemente instalada en ciertos ámbitos -mediáticos y políticos- según la cual la clave del problema está en la presunta insuficiencia, desmoralización e ineficacia de nuestros cuerpos policiales. Nada más lejos de la situación actual: las fuerzas policiales con competencias en seguridad en Barcelona -por el momento el Cuerpo Nacional de Policía y, subsidiariamente, la Guardia Urbana- no sólo han vertebrado un grado de coordinación loable, sino que además están alcanzando altos índices de eficacia policial -que no de eficacia en resolver globalmente el problema- puesto que han aumentado significativamente el número de detenciones y de casos resueltos.

La policía poco puede hacer frente a un sistema judicial a menudo escasamente eficaz y con herramientas obsoletas

El próximo despliegue de la policía autonómica, además, dibujará el mapa de la coordinación policial en Barcelona y su área metropolitana, de forma que cada administración asumirá plenamente las competencias policiales previstas por la ley, en unas ratios que ciframos en 1,25 policías por cada 1.000 habitantes correspondientes a la policía local, 2,2 correspondientes a la policía autonómica y 1 correspondiente al Cuerpo Nacional de Policía.

No es creíble que la cuestión de la seguridad sea solamente un problema de moral o de eficacia policial. La policía hace su trabajo, pero poco puede hacer frente a un sistema judicial a menudo poco eficaz y con herramientas prácticamente obsoletas para afrontar las nuevas realidades delictivas.

Otro dato ilustrativo: de los poco más de 7.000 detenidos por delitos y faltas diversas entre enero y mayo del 2001, sólo un 7,8% pasó a prisión provisional. El resto, de una u otra forma, volvió a las calles de la ciudad sin ningún tipo de sanción, ni posibilidad de rehabilitación social o restitución de la falta cometida. La impunidad delictiva, sobre todo en los supuestos de faltas - en las que no incurre intimidación o violencia-, es escandalosamente alta. Y el sistema judicial actual no es capaz por el momento de dar las respuestas que el problema requiere.

La red institucional de asistencia social y sanitaria, el sistema policial, el acuerdo y la coordinación institucional, la política de inmigración del Estado, el sistema de tutela y rehabilitación de menores infractores... La inseguridad debe abordarse desde todos estos frentes: mediante la prevención, y la actuación policial, y también cin un sistema judicial realmente eficaz.

Sobre esta cuestión hay mucho por proponer y también mucho por hacer. Desde el Ayuntamiento de Barcelona venimos pidiendo reiteradamente acciones concretas en diferentes direcciones. Primero, hay que pedir a jueces y fiscales el máximo uso y la máxima eficacia posible de las herramientas y recursos -no siempre suficientes- que actualmente tienen en sus manos.

Segundo, son necesarios y urgentes ciertos cambios legales que permitan encauzar las nuevas situaciones delictivas. El paquete de medidas -que ya ha sido presentado por el alcalde y la delegada del Gobierno al ministro del Interior, sin respuesta alguna por el momento - incluiría reconsiderar qué se considera delito y qué se considera falta; articular inmediatamente un sistema eficaz de juicios rápidos, sobre todo en el caso de víctimas extranjeras; sancionar expresamente la habitualidad; contemplar debidamente la expulsión en caso de extranjeros con delitos o faltas graves y, en general, revisar el actual marco legal para que se ajuste a la nueva realidad.

Tercero, y no por ello menos importante, hay que seguir insistiendo en la necesidad de dotarnos de un sistema local, propio, para atajar parte del problema de la inseguridad. La Carta Municipal y su capítulo dedicado a la justicia municipal constituyen una herramienta óptima que permite utilizar sistemas sancionadores alternativos y mecanismos rehabilitadores, sustitutivos de la prisión.

La Carta, diseñada y aprobada en el ámbito local desde ya hace mucho tiempo, está incomprensiblemente frenada en alguno de sus tramos en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Empieza a ser hora de que se afronte la cuestión de la seguridad bajo las ópticas correctas. Las lecturas fáciles -más policía es más seguridad- pueden tranquilizar provisionalmente las conciencias de algunos, pero no sirven para resolver nada. La seguridad es una cuestión global, que afecta a todos los niveles de la Administración y a los estamentos judiciales y que requiere respuestas en varios frentes. Es el momento, pues, de arbitrar una nueva actitud positiva hacia el tema y de buscar respuestas eficaces y consensuadas.

Carme San Miguel es concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona.