El Canal comprará por 1.440 millones un solar que usa desde 1932 ilegalmente

La construcción de un parque público en los terrenos que el Canal de Isabel II posee en la plaza de Castilla no es un asunto cerrado, a pesar de que una decisión tomada por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en 1998 así lo dejaba entrever. En octubre de ese año, el Ejecutivo regional dio un ultimátum a los herederos de las personas a las que se expropió, en los años treinta, esta céntrica parcela de 60.000 metros cuadrados: o cedían sus derechos de reversión por 2.500 millones de pesetas para construir un Palacio de Justicia -futura sede central de los juzgados madrileños- o el Gobierno expropiaría la parcela para construir un parque público.

Los herederos pidieron más dinero y el Ejecutivo cumplió su palabra: expropió el suelo; la zona verde, de 15.000 metros cuadrados, fue inaugurada el pasado 30 de marzo. Ruiz-Gallardón dijo entonces: 'Donde algunos quisieron hacer fortuna se ha construido un parque para todos los madrileños'. El terreno restante, hasta 60.000 metros cuadrados, sigue siendo utilizado para las instalaciones del Canal.

La operación quedaba así, en teoría, cerrada para siempre. Pero algo faltaba. En enero del año pasado, el Canal había admitido que quedaban unos 5.000 metros cuadrados (entre las calles de Mateo Inurria y General López Pozas) que eran de propiedad particular, y que este organismo público llevaba años utilizando ilegalmente.

Dos sentencias del Tribunal Supremo, de 1967 y 1973, obligaban a la Comunidad a devolvérselos a sus propietarios. Pero durante más de tres décadas el Canal se negó a ello; hasta que a principios de este año los propietarios vallaron el suelo y exigieron su compra o alquiler por parte de la Comunidad.

Ángel Varona, abogado del Canal, ya expuso en 1985 que las posibilidades del Gobierno regional para retener el terreno 'eran prácticamente nulas'. 'Con el fin de buscar efectos dilatorios que faciliten llegar a un acuerdo (...), hemos planteado un defecto de forma. (...) Esta excepción considero que tiene poca solidez, pero al menos nos permite mantener dignamente la defensa basada en argumentaciones puramente técnicas', explicaba el abogado.

A pesar de eso, el Canal continuó manteniendo el terreno, aunque 'en los años posteriores siempre han sido constantes, al menos, una o dos veces por año, requerimientos verbales de los copropietarios [del terreno]', reconocen los informes oficiales.

En el año 2000, la Comunidad arrendó finalmente el terreno a los dueños, a razón de nueve millones de pesetas al año. Pero este arrendamiento terminaba en diciembre de 2001, con lo que, según explica el Canal, 'se volverá a estar a merced de los propietarios'.

Ayer, el Consejo de Administración del Canal acordó comprar la parcela por 1.439 millones de pesetas. Según explicó su gerente, José Javier Fernández Santamaría, estos terrenos se unirán al adyacente parque de 15.000 metros cuadrados que el Gobierno decidió abrir cuando los reversionistas se negaron a vender sus derechos en 1998. 'Se podrán recorrer de un lado a otro las instalaciones sin abandonar este gran parque de 20.000 metros cuadrados', señaló Fernández Santamaría.

Pero Rafael Merino, concejal socialista y consejero del Canal, no piensa lo mismo. Considera que la compra de la parcela ha sido 'innecesaria'. 'La operación no es clara. No entendemos para qué compra el Canal estos terrenos. Lo que tiene que hacer es mejorar la red de alcantarillado y no emprender estas operaciones de tintes especulativos', señala. Merino basa sus argumentos en que algunos consejeros del PP se abstuvieron en la votación. 'Aquí hay algo que no está claro', asegura.