El Consistorio se abstuvo en la compra del solar para el Canal

El solar que adquirirá el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, está situado en la plaza de Castilla, al lado de la calle de Mateo Inurria. Actualmente, esa parcela de 5.000 metros cuadrados sirve como aparcamiento para los empleados del Canal y alberga un almacén. A pesar de esto, no pertenece a la Comunidad, sino a los herederos de un terrateniente de Fuencarral que fue expropiado en 1932. Sus herederos han litigado por el terreno desde el mismo día en el que se les arrebató. De hecho, dos sentencias, dictadas en 1967 y 1973, afirmaban que la titularidad del suelo debía revertir a sus antiguos propietarios.

A pesar de eso, el Canal siguió usando los terrenos debido, entre otras cosas, a que los herederos no presionaron mucho. Pero esto cambió en los últimos años. Tal y como explica el abogado representante del Canal, Ángel Varona, 'en [estos últimos años] siempre han sido constantes, al menos, una o dos veces al año, requerimientos de los coopropietarios [del terreno]'.

Dado que la situación legal se volvía insostenible, ya que el abogado del Canal no encontraba métodos para dilatar la venta, el Consejo de Administración del organismo público decidió el lunes comprar la parcela. El Canal acordó que los terrenos se destinasen finalmente a ser parque público. Se unirían a los 15.000 metros cuadrados adyacentes, que son también propiedad del Canal y que fueron inaugurados el pasado 30 de marzo también como parque. De esta manera, esta institución dependiente de la Comunidad entregaría a los madrileños una zona verde de 20.000 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad. En teoría, el Ayuntamiento no tendría nada que objetar a este regalo del Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón.

Nueva pugna Pero no fue así. La compra de los 5.000 metros cuadrados ha desatado una nueva pugna entre las dos principales administraciones madrileñas: el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad, a pesar de pertenecer las dos al mismo partido, el PP.

Los dos representantes del municipio en el Consejo de Administración -el concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, y el edil de Medio Ambiente, Adriano García-Loygorri- se abstuvieron en este punto. 'Ellos se abstuvieron porque no veían nada claro lo de la compra', explicó ayer el concejal del PSOE Rafael Merino, también miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

Para Merino, la compra esconde 'ciertas circunstancias oscuras'. 'No entiendo, la verdad, por qué el Canal de Isabel II, que es una institución pública cuyo cometido es garantizar el abastecimiento de agua en la región, se mete a comprar solares', señaló el edil del PSOE.

'Si lo que quieren, como han manifestado, es dar un parque a los madrileños, deberían tener una cláusula para cedérselo al Ayuntamiento de Madrid. Yo pregunté si existía esa cláusula por escrito y me respondieron que sólo existe un acuerdo verbal. Me parece que lo que quiere el Canal es entregar el terreno al Ayuntamiento, pero marcando él el precio. Y eso no se puede consentir', añadió Rafael Merino.

Este periódico no consiguió ayer la versión de ninguno de los representantes del PP en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Ni el concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, ni el de Medio Ambiente, Adriano García-Loygorri, respondieron a las peticiones formuladas. También declinó hacer declaraciones el consejero de Justicia y presidente del Canal, Carlos Mayor Oreja.

'Estupor' Sin embargo, fuentes del Gobierno regional mostraron ayer su 'estupor' por la abstención de los consejeros municipales del PP. 'Es bastante extraño que los representantes del Ayuntamiento no votasen a favor de la compra, máxime cuando es el Canal de Isabel II el que corre con todos los gastos de la operación y quien lo pondrá en manos de los madrileños para su disfrute', señalaron escuetamente.

Estas fuentes destacaron también que José Antonio Llanos, presidente de la Confederación del Tajo y nombrado por el Gobierno central, también se abstuvo en la votación de la compra.

Ésta no es la primera vez que, en las últimas semanas, ambas administraciones madrileñas disienten en la gestión de grandes operaciones en la ciudad. La semana pasada, la Comunidad se retiró del jurado que deberá decidir el proyecto de reforma del paseo del Prado. El Gobierno regional alegó oficialmente que su marcha se debía a que no podía ser 'juez y parte' en el concurso.

Pero esta maniobra también le recuerda de forma muy clara al Ayuntamiento que es la Comunidad quien tiene la última palabra a la hora de decidir qué proyecto se llevará a cabo. Como esta zona de la capital está declarada bien de interés cultural, y opta a convertirse en futuro Patrimonio de la Humanidad, debe ser la Comunidad quien dé su último permiso al proyecto ganador. Sin este permiso, la remodelación no puede hacerse.