El Gobierno destina cerca de 500 millones de pesetas a financiar el turno de oficio

El año pasado, el Colegio de Abogados vizcaíno percibió más de 280 millones de pesetas por este concepto, el guipuzcoano 122 millones, y el de Álava, 80 millones, tanto para cubrir los honorarios de los profesionales que trabajan en estas causas como para los gastos de gestión de los propios colegios. 'Los honorarios son mucho más bajos que los percibidos en casos convencionales', indica Martínez de San Vicente, 'y la subvención destinada a la gestión no cubre los gastos de personal administrativo'.

Los módulos establecidos por el Departamento de Justicia para conceder sus subvenciones se mueven entre las 11.000 pesetas que percibe el letrado por la asistencia ordinaria al detenido hasta la intervención en turno de oficio ante un jurado, que alcanza las 50.000 pesetas.

Para el decano de los abogados vizcaínos, Eduardo Escribano, sin embargo, el funcionamiento de este servicio es satisfactorio, 'ya que el Gobierno vasco se ha comprometido a cubrir el 100% de los gastos administrativos'. El año pasado, el Parlamento vasco aprobó una subida del 10% de las aportaciones a los colegios de abogados para financiar el turno de oficio y el Servicio de Orientación Jurídica, después de seis años de estancamiento. 'Funcionan bien desde el momento en que se decidió que los gestionasen los colegios, y con los gastos más ajustados', concluye Escribano.

Esta impresión coincide con la del director de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia de la consejería, Juan José Martínez Leunda, quien subraya: 'Aquí se paga más que en todo el resto del Estado' por estos servicios. Martínez Leunda agrega que los módulos salariales los establecen conjuntamente el Departamento de Justicia y el Consejo Vasco de la Abogacía, en el que están representados los colegios profesionales.

Perfil

El año pasado, el colegio alavés tramitó un total de 1.621 actuaciones dentro del turno de oficio frente a las 5.647 de su homólogo de Vizcaya y las 2.036 de Guipúzcoa.

El perfil medio de los usuarios atendidos en estas intervenciones gratuitas es el siguiente: en los casos penales, son hombres de 30 años, con estudios primarios e insolventes, mientras que los procedimientos civiles se dividen al 50% entre varones y mujeres, con una media de edad de 40 años, la mitad con estudios primarios y sin subsidios.

La ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce a las personas con escasos recursos, inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional (lo que supone menos de 144.240 pesetas mensuales), el derecho a la misma. La comisión de asistencia jurídica gratuita, compuesta por la Fiscalía, colegios de abogados, de procuradores y servicio de cooperación con la Justicia, entre otros, evalúa quincenalmente los expedientes de cada solicitante.

Existe además desde el año pasado un turno de oficio de extranjería para dar asistencia a los inmigrantes sin recursos. Dentro del mismo se realizaron en 2000 un total de 390 intervenciones.