De la Rúa ordena pagar los salarios para frenar el conflicto de Aerolíneas Argentinas

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se comprometió a aportar de inmediato otros 350 millones de dólares en cuanto se firme el decreto de rebaja de las tasas aeroportuarias y los sindicatos acepten el Plan Director para salvar a la empresa de la quiebra, dos de las condiciones impuestas por la agencia española para inyectar dinero fresco a la compañía argentina. Uno de los sindicatos, el de mecánicos de vuelo, se resiste a firmar el plan de la SEPI, que supone rebajas de salario y bajas laborales, a pesar de que anoche el resto de sindicatos le presionaba para que aceptase el acuerdo.

Un portavoz del ministro Domingo Cavallo dijo anoche a EL PAÍS que 'hay algunas buenas ideas en el sentido de lo que reclama Pedro Ferreras, de la SEPI; si todos participan de la discusión es probable que haya una solución razonable'. En declaraciones hechas en Madrid y recogidas por la prensa argentina, Ferreras había anticipado que se estaba en un 'periodo de reflexión' para encontrar una solución que 'sorprenda e ilusione a todos'.

El secretario general del sindicato de técnicos aeronáuticos, Ricardo Cirelli, el más resistente a la firma del nuevo convenio colectivo de trabajo que propone el Plan Director, podría 'cambiar de opinión' si se lo pedía la mayoría de sus compañeros en la asamblea que tenían previsto realizar a última hora de ayer. Según Cirelli, 'las posibilidades existen, pero el plan es inaceptable porque se propone la eliminación de la representación sindical, la rebaja de salarios y despidos masivos, una solución provisoria; el verdadero problema es la deuda de 550 millones de dólares que generó la administración española, que recibió la compañía sin pasivos'.

Compromiso de auditoría

Las oficinas y los hangares de la empresa en el aeroparque fueron registradas por funcionarios judiciales. El juez de instrucción Ernesto Botto investiga las denuncias presentadas en las que se acusa a la administración de un presunto 'vaciamiento' de Aerolíneas Argentinas y del delito de 'administración fraudulenta' de las acciones que correspondían a los trabajadores por el Programa de Propiedad Participada, previsto en los pliegos de privatización.

Precisamente ayer, fuentes de la SEPI aceptaron la posibilidad de efectuar una auditoría interna en Aerolíneas, 'cuando la situación se normalice'. Ésta es una de las peticiones que efectuó ayer a la agencia española una delegación de cinco diputados argentinos, que acudieron a Madrid para tratar de buscar una salida al conflicto. Las mismas fuentes señalaron que la empresa mantiene auditorías externas desde 1990.

Mientras, en Buenos Aires, Ariel Basteiro, representante de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), acusó a Cirelli de haber sido 'parte de la comparsa menemista que apoyó el proceso de privatización durante nueve años' y le pidió públicamente que acepte discutir las nuevas condiciones de trabajo con la empresa. Basteiro le sugirió a Cirelli 'que piense en el bien común y en la estabilidad y continuidad de Aerolíneas Argentinas'. Los representantes de los siete gremios que representan a los trabajadores aeronáuticos y los dirigentes de las tres centrales sindicales se reunieron ayer para 'fijar una posición común', pero Basteiro dijo que 'en caso de que no haya una coincidencia absoluta va a prevalecer la opinión de la mayoría y las minorías tendrán que acompañar la postura general, en función de encontrar una posibilidad para que la empresa siga operando'.

El estado de tensión se percibía ayer a simple vista en el 'campamento obrero' que los trabajadores de Aerolíneas montaron en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, al norte de Buenos Aires, desde donde parten los vuelos de cabotaje a todo el país. Los militantes de los sindicatos se reunían para discutir y se cruzaban acusaciones. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, grupos reducidos de trabajadores de Aerolíneas Argentinas se enfrentaron a los agentes de la policía aeronáutica. Los manifestantes trataban de impedir que se abriera un segundo mostrador para la atención de los pasajeros que se presentaban a despachar su equipaje en un vuelo de Iberia con destino a Madrid. El avión, que debía partir poco después de las dos de la tarde, retrasó su salida más de dos horas, y al final pudo despegar tras la intervención policial ordenada por un juez.