Los sindicatos 'rebeldes' se suman a la negociación para salvar Aerolíneas

Los dos sindicatos rebeldes que aún no habían firmado los nuevos convenios laborales que exigía la SEPI como condición para inyectar nuevos fondos en Aerolíneas Argentinas y evitar la quiebra de la empresa aceptaron ayer "abrir una instancia de negociación directa en el ámbito del Ministerio de Trabajo" del Gobierno argentino. Este principio de acuerdo se alcanzó ayer después de que sus representantes participaran de una prolongada reunión en la sede de la Asociación de Pilotos junto con los secretarios generales de los otros cinco gremios que ya firmaron los acuerdos y los líderes de dos de las tres centrales de trabajadores.

Rodolfo Daer, líder del ala moderada de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó que la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, el gremio que más resistía la modificación de su convenio, "va a discutir directamente y sin condiciones con la SEPI". Según Daer, "ahora se puede ser un poco más optimista sobre la posibilidad de alcanzar una solución definitiva al problema de la empresa". El sindicato de aeronavegantes que lidera la diputada Alicia Castro, "aceptó también el arbitraje, del que el ministerio de Trabajo será garante".

Cada uno de los principales protagonistas del conflicto que mantiene en tensión a gran parte de la opinión pública en Argentina y es la noticia de portada en los telediarios y periódicos desde hace más de una semana, parece estar ya cumpliendo con su parte. La secretaría de Hacienda giró al Banco de la Nación los 16 millones de dólares comprometidos por el presidente argentino Fernando de la Rúa y ayer por la tarde comenzaron a pagarse los salarios pendientes del mes de abril.

El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció un Plan de Competitividad para el sector aerocomercial con rebajas de impuestos y medidas que van a favorecer la reducción de costes operativos a las compañías de aviación para que puedan ofrecer mejores tarifas y servicios. La cantidad de pasajeros se ha reducido un 25% en el último año.

El ministro Cavallo aseguró el jueves por la noche en una rueda de prensa que el Gobierno argentino cumplirá con las responsabilidades que corresponde a su participación minoritaria en la empresa, de la que posee el 5% de las acciones, pero ratificaron a su vez que "no hay ninguna posibilidad" de que el Estado argentino vuelva a hacerse cargo de la empresa "porque el Estado no tiene los recursos".