La defensa de Martínez desacredita a su ex esposa por 'celosa y vengativa'

El abogado de Martínez subrayó que, por lo demás, no hay nada -'ni huellas, ni sangre, ni pelos, ni fibras, ni armas, ni registros telefónicos, ni testigos oculares, ni motivos'- que vinculen a su cliente con los asesinatos en Tampa de Douglas Lawson y Sherrie McCoy-Ward. Las declaraciones iniciales de Raben y el fiscal Chris Watson fueron seguidas en el tribunal de Tampa por una delegación del Senado español, acompañada por el embajador, Javier Rupérez, y el consejero jurídico David Beltrán.

Los días anteriores, los senadores habían visitado en los corredores de la muerte de Florida a otros dos españoles condenados a muerte: Julio Mora y Pablo Ibar. Todos salieron conmocionados de estas visitas y reforzados en su oposición a lo que Rosa Vindel, del Partido Popular, llamó 'la persistencia en EE UU de la cruel, inhumana y degradante pena capital'.

Manuel Cámara, de Izquierda Unida (IU), contó cómo, en la prisión de Rainford, Mora, de 75 años, les fue presentado en silla de ruedas, pero encadenado de pies, manos y cintura. 'Es una barbaridad tratar así a un hombre que, sea o no culpable, es claramente un enfermo físico y psíquico', dijo. El senador de IU añadió que, en su opinión, existen serias dudas sobre la culpabilidad de Ibar, al que vieron, sin esposas, en la prisión de Starke. 'En EE UU', dijo, 'la pena de muerte parece reservada para los que no tienen dinero, son marginados o sufren enfermedades psíquicas'.

Todos los senadores españoles condenaron el hecho de que la nación más poderosa de la Tierra siga manteniendo lo que el socialista Jerónimo Saavedra tildó de 'aberración'. Y recordaron que en España y el resto de Unión Europea la pena capital fue abolida por 'una decisión ética y moral de las fuerzas políticas democráticas', con independencia de lo que pudieran pensar las opiniones públicas. Vindel informó de que el Senado español va a combatir para que se establezca 'una moratoria universal en la aplicación de la pena de muerte'.

Liberado de la amenaza de la silla eléctrica o la inyección letal, el español Martínez, que pasó 37 meses en el corredor de la muerte de Starke, comenzó ayer a enfrentarse a la posibilidad de pasar el resto de sus días entre rejas. Terminada la noche anterior la selección del jurado, el fiscal Chris Watson presentó sus argumentos ante los diez hombres y dos mujeres que lo componen. Situó las muertes de Lawson, un vendedor de marihuna, y su novia, McCoy-Ward, bailarina de striptease, en la noche del 27 de octubre de 1995. Sus cadáveres fueron encontrados cuatro días después en la casa que la pareja compartía en las afueras de Tampa.

Pruebas físicas

El fiscal subrayó la ferocidad del crimen. Lawson fue alcanzado por varios disparos de pistola, uno de los cuales le entró por la espalda y le traspasó el corazón; McCoy-Ward fue salvajemente apuñada por cuando intentaba escapar de la casa. Pero Watson aceptó que cuando, tres meses después, Martínez fue detenido tras la denuncia de su ex esposa, la policía no encontró pruebas físicas que lo relacionaran con esas muertes. El fiscal, no obstante, pedirá que sea condenado a cadena perpetua.

Raben, el abogado defensor, recordó al jurado que Martínez no debe probar su inocencia, sino que es la acusación la que debe demostrar su culpabilidad 'más allá de cualquier duda razonable'. Lawson y McCoy-Ward, dijo, tuvieron 'unas muertes brutales que siguen sin resolver'. Según Raben, el detective Mike Conigliaro, tras tres meses de seguir pistas infructuosas, se aferró a la denuncia de Sloane contra su ex marido porque estaba muy presionado para encontrar un sospechoso.