Segunda oportunidad

Joaquín José Martínez, el español acusado de un doble asesinato en 1995 y cuya condena a muerte por un tribunal del Estado de Florida fue revocada en junio pasado, tendrá a partir de mañana una nueva oportunidad de demostrar su no culpabilidad. Es decir, la tendrá su abogado, un profesional solvente que ya consiguió recientemente, en la fase preliminar del juicio, la anulación de la principal prueba material aportada por la acusación en el primer juicio: un vídeo subrepticiamente grabado por la ex esposa de Martínez en el que supuestamente reconocía su crimen.

Que la frontera entre la inocencia y la culpabilidad pase por la pericia del abogado, y ésta por la minuta que cobre, es algo que ocurre, lamentablemente, en todos los países, incluyendo los que gozan de un sistema democrático. Pero sólo en unos pocos de estos últimos (además de Estados Unidos, India y Japón) esa frontera lo es también entre la vida y la muerte, por su resistencia a abolir la pena capital. El vídeo ya era inaudible en el primer juicio, pero la impericia del abogado no fue capaz de oponerse eficazmente a la utilización en su lugar de una transcripción realizada bajo la dirección de un policía que, además, era el padre de una de las víctimas. En junio de 2000, el Tribunal Supremo de Florida reconoció que el juicio condenatorio había estado plagado de irregularidades y que no se habían respetado las garantías del procesado. La intervención de Amnistía Internacional y la movilización del Parlamento español, así como la obtención de fondos para contratar a un buen abogado, fueron factores decisivos en el proceso que condujo a la anulación.

Si a lo que ese caso concreto revela se añaden las estadísticas que demuestran que el 7% de los condenados a muerte en Estados Unidos entre 1976 y 1995 resultó inocente, que hay una manifiesta desigualdad de criterios en los diferentes Estados de la Unión -40 veces más ejecutados en Tejas que en Nueva York-, y no digamos en función de que los acusados sean blancos (y ricos) o negros (o hispanos), es evidente que, además de inhumana, la pena de muerte es una práctica en buena medida arbitraria. Bastaría lo primero, pero lo segundo refuerza los motivos para oponerse a ese residuo atávico, y para desear que Joaquín José Martínez sobreviva a esta segunda oportunidad.