Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los obispos acordaron vigilar la 'integridad de costumbres' de los docentes de religión

Un documento de la Conferencia Episcopal establece un servicio de control de profesores

El documento de la Conferencia Episcopal recuerda que los profesores de religión son designados por la autoridad académica entre las personas 'que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza', por lo que, justifica, que la Iglesia 'es competente para ejercer un seguimiento sobre todos los proferores de religión de los centros públicos y privados, sean confesionales o no'.

Los obispos defienden además que los profesores deben cumplir con una 'identidad' e 'idoneidad eclesiástica', que vigilará 'un departamento o servicio de inspección de la enseñanza religiosa'. Y especifica que esa identidad católica incluye 'un compromiso que se manifesta en la comunión con la Iglesia y sus Pastores, en la integridad de la fe y de las costumbres y en el testimonio de vida cristiana'. El documento, que fue aprobado el pasado 24 de abril en una asamblea de obispos que criticó el reconocimiento de las parejas homosexuales, se puede encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal: www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/profesores_religion.htm. Este periódico intentó ayer infructuosamente recabar la opinión de la Conferencia Episcopal.

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, 'la Conferencia Episcopal muestra una obsesión por garantizar que la religión católica penetre en la sociedad a través de la asignatura de religión'. 'Se trata de una medida colocada en los márgenes del Estado de derecho, porque la diferencia entre inspeccionar la vida cristiana y la privada es demasiado difusa. Y además otorga a los obispos una potestad que no tiene nadie en un Estado de derecho', explicó Lezcano.Para CC OO, 'el Gobierno tiene que garantizar la aconfesionalidad del Estado que se recoge en la Constitución'. El Ministerio de Educación rechazó expresar su opinión sobre el caso de Almería hasta que sea informado oficialmente del despido de la profesora Resurrección Galera en Almería. Un caso que desatado las críticas de la oposición.

La portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Amparo Valcarce, manifestó ayer que 'es necesario revisar la actual legislación para compaginar el derecho a tener un ideario de la Iglesia con el derecho a que los asuntos personales no puedan intervenir en la situación laboral de los profesores de religión'.

El portavoz de Educación del PNV en el Congreso, Joxe Joan González de Txabarri, consideró el despido 'un auténtico exceso' y apostó por dar al colectivo de profesores de religión 'una estabilidad laboral similar a la de los demás trabajadores'. En representación de IU, su portavoz en el Congreso para temas educativos, Marisa Castro, afirmó que el despido de Resurrección Galera es 'un atentado contra los valores democráticos y constitucionales'. Castro pidió que se modifique la legislación para evitar que 'profesores mantenidos con dinero público sean despedidos por los obispos' y abogó por 'democratizar a la Iglesia, que opina de todo sin democracia interna'.

Para el portavoz educativo de CiU, Ignasi Guardans, el despido de la profesora almeriense es 'una absurda decisión de la que tiene que dar explicaciones el episcopado'. Guardans cree que la solución del problema está más allá de un cambio legislativo, ya que su origen está en 'la gran ambigüedad que existe en la relación entre el Estado y la Iglesia en materia educativa'.

El catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio Peces-Barba señaló que 'es sorprendente que sea el Estado quien paga a los profesores de religión y que sea la Iglesia la que les despide'. 'La obligación del Estado de defender los derechos fundamentales en todos los ámbitos de la relaciones jurídicas se ve burlada en este caso por el protagonismo de la Iglesia, que al parecer no tiene por qué respetar el derecho a la libertad ideológica y a la intimidad'. 'Ya es hora de que el Tribunal Constitucional aborde el tema de la inconstitucionalidad de muchas dimensiones de los acuerdos del Estado con la Santa Sede', sentenció Peces-Barba.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de mayo de 2001